Claudia Sheinbaum confirmó el bloqueo financiero contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Estados Unidos. Sin embargo, para muchos mexicanos esto apenas representa el mínimo indispensable frente a acusaciones gravísimas de colusión con el narcotráfico.
La presidente Claudia Sheinbaum confirmó este domingo que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, de sus hijos y de otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La medida ocurre después de semanas de presión internacional y tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve personajes políticos relacionados presuntamente con protección institucional al narcotráfico.
Sheinbaum aseguró que el congelamiento fue una acción “preventiva” realizada por la UIF y negó que exista intención de proteger a delincuentes.
Pero para amplios sectores de la opinión pública, bloquear cuentas es apenas un gesto mínimo frente a acusaciones que podrían representar uno de los mayores escándalos de narcopolítica en la historia reciente de México.
Congelar cuentas no basta
La gran pregunta que hoy domina el debate nacional es evidente: ¿realmente basta con congelar cuentas cuando las acusaciones hablan de posibles pactos entre estructuras del Estado y el crimen organizado?
Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros funcionarios de haber colaborado presuntamente con “Los Chapitos” mediante protección política, favores institucionales y apoyo operativo al Cártel de Sinaloa.
Dos exfuncionarios ya se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras Washington sigue aumentando presión diplomática y judicial sobre México.
Por eso, muchos consideran que el congelamiento financiero apenas representa el primer paso de algo muchísimo más grande.
Porque si las acusaciones terminan confirmándose, el problema ya no sería solamente criminal: sería político, estructural y posiblemente devastador para MORENA.
El verdadero temor dentro del oficialismo
Dentro del escenario político mexicano existe una preocupación que cada vez se comenta más abiertamente: que Rocha Moya eventualmente termine siendo extraditado a Estados Unidos.
Y no solamente por el impacto judicial.
El verdadero temor para sectores del oficialismo sería lo que Rocha pudiera declarar ante autoridades estadounidenses si decide colaborar para reducir responsabilidades.
Porque Rocha Moya no es un funcionario aislado. Fue uno de los gobernadores más importantes de MORENA, figura clave del obradorismo en el norte del país y operador político con enorme cercanía al partido oficialista.
Una eventual cooperación judicial en Estados Unidos podría abrir preguntas extremadamente delicadas sobre financiamiento político, protección institucional y posibles vínculos entre estructuras partidistas y grupos criminales.
Por eso, para muchos analistas y opositores, el congelamiento de cuentas parece más un intento de contener daño político que una verdadera ruptura con Rocha Moya.
Sheinbaum pasó de “no saber” a confirmar el bloqueo
La situación además dejó expuesta otra contradicción incómoda del gobierno federal.
Hace apenas unos días, Sheinbaum aseguraba públicamente que desconocía si la UIF había congelado cuentas relacionadas con Rocha Moya y pidió “más información” sobre el tema.
Ahora, la propia presidente terminó confirmando oficialmente el bloqueo financiero.
Ese cambio alimentó todavía más las críticas de quienes consideran que el gobierno ha reaccionado lentamente y siempre a la defensiva frente al escándalo.
México no puede bajar la guardia
El congelamiento de cuentas representa una señal importante, sí. Pero también es apenas el mínimo indispensable cuando se habla de presunta infiltración del narcotráfico en estructuras políticas.
La exigencia de muchos ciudadanos sigue siendo mucho más profunda: investigaciones reales, transparencia total y consecuencias judiciales sin importar el cargo, el partido o el poder político de los implicados.
Porque mientras Rocha Moya y otros funcionarios continúen siendo tratados como simples casos administrativos, el mensaje para millones de mexicanos sigue siendo preocupante: la narcopolítica todavía parece demasiado cerca del poder.