El secretario de Estado Marco Rubio habla con la prensa antes de abordar su avión en la Base de la Reserva Aérea de Homestead, Florida, EE. UU., el jueves 21 de mayo de 2026. Rubio viaja a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió ante el Senado las operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, asegurando que las decisiones se toman con base en múltiples fuentes de inteligencia y rigurosos procesos de verificación.

Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio respondió a los cuestionamientos sobre la campaña militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra las llamadas “narcolanchas”, una estrategia que desde septiembre pasado ha dejado más de 200 muertos en distintas operaciones realizadas por el Comando Sur de Estados Unidos.

El secretario de Estado insistió en que las fuerzas armadas estadounidenses no actúan basándose en una sola fuente de información.

“Los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente hay varios chequeos, son múltiples”, afirmó Rubio ante los legisladores.

Washington defiende la estrategia antidrogas

La campaña militar forma parte de la ofensiva de la administración Trump contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, las embarcaciones atacadas operan en rutas utilizadas regularmente para el transporte de cocaína, heroína y otras sustancias ilícitas hacia Norteamérica.

Rubio ha sostenido en diversas ocasiones que estas organizaciones representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y que las operaciones buscan reducir el flujo de narcóticos que alimenta la crisis de drogas en el país.

Las autoridades militares aseguran que antes de autorizar un ataque se analizan datos de inteligencia provenientes de distintas agencias y sistemas de vigilancia. Sin embargo, los detalles específicos permanecen clasificados por razones de seguridad nacional.

Crecen las críticas por el número de muertos

La estrategia ha generado fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en derecho internacional. Los críticos señalan que Washington no ha hecho públicas pruebas concretas sobre las actividades de muchas de las embarcaciones destruidas y advierten que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si las víctimas no representaban una amenaza inmediata.

Diversos gobiernos de la región también han expresado preocupación por el alcance de estas operaciones, especialmente debido a que algunas han ocurrido en zonas cercanas a aguas territoriales de países latinoamericanos.

Rubio también alerta sobre los drones de los cárteles

Durante la misma comparecencia, Rubio advirtió sobre el creciente uso de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas. El funcionario señaló que estos grupos ya utilizan tecnología no tripulada en sus conflictos internos y advirtió que eventualmente podrían emplearla contra intereses estadounidenses.

“Los cárteles mexicanos los están utilizando entre sí y deberíamos imaginar que en algún momento podrían incluso usarlos contra nosotros mismos o contra nuestros intereses”, afirmó el secretario de Estado.

Una política que seguirá adelante

Pese a las críticas, Rubio dejó claro que la administración Trump no tiene intención de modificar el rumbo de su estrategia antidrogas. Washington considera que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza comparable a la de grupos terroristas y ha incrementado la participación de las fuerzas armadas en operaciones de interdicción marítima durante los últimos meses.

La defensa realizada por Rubio ante el Senado confirma que la Casa Blanca mantiene su apuesta por una política mucho más agresiva contra el narcotráfico internacional, una postura que continúa generando respaldo entre quienes consideran que las estrategias tradicionales han fracasado, pero que también enfrenta crecientes cuestionamientos sobre sus implicaciones legales y humanitarias.

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