Por: Paco Serrano
Toda ilusión tiene fecha de caducidad. Durante un mes, el Mundial nos concede una tregua: el país se pinta la cara, se pone la camiseta, grita goles ajenos como si fueran propios y, por unas semanas, consigue lo que la política nunca logra: una emoción común. El torneo funciona como anestesia colectiva, como un paréntesis en el que México decide, legítimamente, mirar hacia otro lado.
Pero toda fiesta termina. El estadio se vacía, las banderas se guardan y el ruido del balón deja paso a un silencio más incómodo. Entonces volvemos a abrir los ojos. Y México sigue ahí, esperándonos exactamente donde lo dejamos: con la violencia, con la corrupción, con la sospecha permanente de que el narco no solo desafía al Estado, sino que muchas veces ha aprendido a hablar desde dentro de él.
Calderón de la Barca lo dijo mejor que nadie:
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
Cuatro siglos después, la frase sigue funcionando como diagnóstico nacional. Porque también nosotros hemos vivido instalados en una ficción cómoda: la de creer que el Estado mexicano combate al narco desde una distancia moral impecable, como si los criminales estuvieran siempre de un lado y las instituciones siempre del otro. El Mundial nos prestó una distracción necesaria. El problema es que, al bajar el telón, muchos hubieran querido seguir dormidos.
El despertar llegó desde Orlando.
Terrance Cole, director de la DEA, acusó públicamente una “peligrosa conexión” entre los cárteles y el Gobierno mexicano. Dijo que esas redes son “inseparables”. La frase es brutal. Y lo es más porque no la pronunció un opinador de televisión, ni un opositor mexicano, ni una cuenta anónima de redes sociales. La dijo el jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Conviene entender quién habla. Terrance “Terry” Cole no es un improvisado. Es el administrador número 12 de la DEA. Tiene más de tres décadas de experiencia en fuerzas del orden, 22 años dentro de la propia agencia, y trabajó en operaciones internacionales en países como Colombia, Afganistán y México. Antes de retirarse de la DEA en 2020 fue director regional interino para México, Canadá y Centroamérica. Después ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en Virginia y, en 2025, fue confirmado por el Senado estadounidense como jefe de la DEA.
Eso no lo convierte en dueño de la verdad. Cole también es un funcionario político de la administración Trump, y sus palabras forman parte de una estrategia de presión contra México. Pero tampoco puede despacharse como si fuera un borracho gritando desde la banqueta. Es un hombre que conoce el aparato antidrogas estadounidense, conoce la región y conoce los expedientes. Por eso su frase pesa. Y por eso incomoda tanto al gobierno mexicano.
Ahora bien: una cosa es una declaración política y otra una acusación penal. Cole generalizó al hablar del “Gobierno mexicano”, sin distinguir dependencias, niveles, funcionarios ni responsabilidades concretas. Esa generalización puede ser injusta si pretende convertir a todo el Estado en cartel. Pero sería una ingenuidad obscena usar esa imprecisión como excusa para negar el problema de fondo.
Porque el problema existe. El 29 de abril de 2026, Estados Unidos acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen figuras políticas, mandos de seguridad y autoridades locales. Ellos niegan las acusaciones. El Gobierno mexicano exige pruebas. Y esa exigencia, en principio, es correcta: ningún Estado serio debe actuar solo por titulares o declaraciones extranjeras.
Pero aquí empieza la trampa. Exigir pruebas no puede convertirse en una coartada para no hacer nada. La soberanía no puede usarse como biombo para proteger a los cercanos. El debido proceso no puede volverse refugio de impunidad política. Una cosa es defender a México y otra muy distinta defender a los suyos.
El gobierno mexicano ha encontrado una fórmula cómoda: indignarse ante Washington, exigir evidencias, acusar motivaciones políticas y dejar que el tiempo enfríe el escándalo. Es el manual perfecto para parecer institucional sin mover una sola piedra. No se aclara, no se transparenta, no se sanciona, no se deslindan responsabilidades. Solo se administra la niebla.
Y esa niebla huele cada vez peor.
Si Estados Unidos acusa sin probar, debe ser criticado. Pero si México responde solo con discursos, también debe ser señalado con dureza. Porque el problema no se resuelve con mañaneras, comunicados o frases de soberanía. Se resuelve con investigaciones serias, expedientes abiertos, funcionarios separados del cargo, comparecencias públicas y consecuencias políticas.
La pregunta incómoda no es si todo el Gobierno mexicano es narco. Esa sería una caricatura. La pregunta verdadera es peor: ¿cuántas piezas del Estado tienen que corromperse para que un cártel mueva toneladas de droga, compre voluntades, infiltre policías, controle rutas, intimide candidatos y opere durante años con semejante eficacia?
No hace falta que todo el edificio esté podrido para que la casa sea inhabitable. Basta con que las columnas principales estén comprometidas. Basta con que un mando filtre información, que una fiscalía mire hacia otro lado, que un alcalde pacte silencio, que una policía escolte cargamentos, que un gobernador sea intocable, que un partido cierre filas antes de preguntar.
El narco no necesita gobernar todo. Le basta con que suficientes autoridades le abran la puerta.
Ahí está el drama mexicano. No en una frase de la DEA, sino en la vieja sospecha de que muchas veces el combate al crimen organizado ha sido también una negociación con él. México no necesita que Washington le recuerde su tragedia. Las madres buscadoras, los pueblos desplazados, los comerciantes extorsionados y las familias rotas ya la conocen demasiado bien.
Lo ofensivo no es que la DEA señale una conexión mortal. Lo verdaderamente ofensivo es que el gobierno actúe como si la indignación diplomática bastara para limpiar la casa. Lo ofensivo es que ante acusaciones de este tamaño la reacción sea cerrar filas, reservar información y pedir paciencia. Lo ofensivo es que quienes prometieron regenerar la vida pública hoy parezcan más preocupados por proteger el relato que por perseguir la verdad.
Porque ese es el gran fraude moral de la política mexicana: todos llegan prometiendo acabar con la corrupción, pero cuando la corrupción toca a los suyos, descubren repentinamente el valor de la prudencia, del proceso, de la espera y del silencio.
La presunción de inocencia es un principio jurídico indispensable. Pero la protección política de los poderosos es otra cosa. Y en México demasiadas veces se confunden a propósito.
El gobierno debería estar furioso, sí, pero no solo con Washington. Debería estar furioso con la posibilidad de que funcionarios mexicanos hayan vendido instituciones al crimen. Debería estar furioso con la idea de que policías, fiscales, alcaldes o gobernadores hayan servido de escudo a los cárteles. Debería estar furioso con la sombra de un narco-Estado regional creciendo bajo las narices del poder federal.
Pero no. La furia oficial parece reservarse para quien señala el incendio, no para quien pudo haber repartido los cerillos.
El Mundial termina y el país despierta. Se apaga la pantalla, se guardan las camisetas y regresa la pregunta que ningún gol puede tapar: ¿quién gobierna realmente en las regiones donde el crimen decide quién vive, quién trabaja, quién calla y quién compite por el poder?