El gobierno federal confirmó que decenas de funcionarios y exfuncionarios ya fueron arrestados por vínculos con estructuras criminales. El anuncio llega en medio de la creciente crisis política por los casos de Rubén Rocha Moya y otros perfiles cercanos a MORENA.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que al menos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos durante la administración de la presidente Claudia Sheinbaum por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde Palacio Nacional, Harfuch aseguró que las investigaciones se realizan “sin distinción de partidos” y afirmó que entre los detenidos “hay de todos los colores”.
“La Ley Herodes les cayó”, tituló El Financiero al reportar la cifra, en referencia a la famosa película mexicana sobre corrupción política y abuso de poder.
La Operación Enjambre golpeó redes políticas y criminales
Gran parte de las detenciones ocurrieron dentro de la llamada “Operación Enjambre”, una serie de operativos federales desplegados principalmente en el Estado de México y Morelos contra redes de funcionarios presuntamente coludidos con grupos criminales.
Las investigaciones han alcanzado:
- policías municipales,
- directores de seguridad,
- funcionarios estatales,
- operadores financieros,
- y perfiles políticos señalados por colaborar con estructuras criminales.
En Hidalgo, por ejemplo, fue detenido el director de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama junto con otros mandos policiales por presuntos nexos con el crimen organizado.
Mientras tanto, en Sinaloa la crisis política sigue creciendo tras las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios señalados de colaborar con “Los Chapitos”.
El caso Rocha Moya sigue contaminando el escenario político
El anuncio de Harfuch ocurre justo cuando el gobierno federal intenta contener el enorme costo político provocado por las acusaciones contra figuras importantes de MORENA en Sinaloa.
Estados Unidos acusa a funcionarios sinaloenses de haber protegido operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
Aunque la presidente Claudia Sheinbaum insiste en que todavía no existen imputaciones formales en México, varios funcionarios ya comparecieron ante la FGR y algunos pidieron licencia de sus cargos.
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, incluso dejó temporalmente su cargo después de ser señalado por presuntamente alertar a narcotraficantes sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
Sheinbaum intenta mostrar mano dura
Frente a las crecientes críticas por presunta infiltración criminal en la política mexicana, el gobierno federal intenta enviar un mensaje de endurecimiento institucional.
Sheinbaum adelantó que su administración prepara nuevos mecanismos para revisar perfiles de candidatos y detectar posibles vínculos con el crimen organizado antes de las elecciones de 2027.
Sin embargo, la propuesta ya enfrenta cuestionamientos incluso dentro del INE, donde algunos consejeros advirtieron que el instituto no puede convertirse en “juez y parte”.
Además, para muchos críticos el verdadero problema sigue siendo otro: la percepción de que ciertas figuras políticas reciben protección mientras otras son perseguidas con mucha mayor agresividad.
La gran preocupación: qué tan infiltrada está la política mexicana
La cifra de 85 funcionarios detenidos refleja algo profundamente preocupante para México: la magnitud de la infiltración criminal dentro de estructuras públicas.
Porque ya no se habla solamente de policías corruptos aislados o funcionarios municipales menores.
Las investigaciones recientes alcanzan:
- gobernadores,
- vicefiscales,
- alcaldes,
- mandos de seguridad,
- senadores,
- y operadores políticos de alto nivel.
Y justamente eso explica por qué el tema se volvió uno de los principales focos de tensión entre México y Estados Unidos.
Washington sostiene que el narcotráfico logró penetrar peligrosamente estructuras políticas mexicanas, mientras el gobierno federal intenta demostrar que sí existe voluntad de combatir esa infiltración.
La pregunta ahora ya no es si existen funcionarios ligados al crimen organizado.
La verdadera pregunta es cuántos más faltan todavía por caer.