El Departamento de Justicia (DOJ) anunció un “Fondo contra la instrumentalización de la violencia” de 1.776 millones de dólares como parte de un acuerdo que resuelve la demanda de 10.000 millones de dólares del presidente Donald Trump contra el IRS por la filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos, estableciendo un proceso de compensación para las personas que afirman haber sido objeto de acciones gubernamentales con motivaciones políticas.
Trump, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump y la Organización Trump, demandaron al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento del Tesoro después de que el excontratista del IRS, Charles Littlejohn, robara y filtrara a medios de comunicación los registros fiscales del presidente y de otros estadounidenses adinerados. Los demandantes exigieron 10 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, basados en las sanciones legales por cada divulgación no autorizada.
En virtud del acuerdo , Trump y sus codemandantes retiraron la demanda de forma definitiva —poniendo fin a la misma de manera permanente— y retiraron las reclamaciones relacionadas con la investigación del Russiagate y el registro de Mar-a-Lago realizado por el FBI en 2022.
A cambio, el Departamento de Justicia acordó presentar una disculpa formal a Trump y su familia. Sin embargo, los Trump no recibirán compensación económica directa. En su lugar, el Departamento de Justicia acordó crear el nuevo fondo con 1776 millones de dólares del Fondo de Sentencias del Departamento del Tesoro. La cifra de 1776 millones de dólares hace referencia al año de la fundación de Estados Unidos.
El fondo establece un proceso para que las personas que afirman haber sido víctimas de la “instrumentalización” o la “guerra jurídica” del gobierno —en referencia principalmente a las acciones controvertidas tomadas por entidades gubernamentales contra los estadounidenses conservadores durante la administración Biden— puedan solicitar disculpas formales y una compensación.
El Departamento de Justicia ha declarado que el fondo es una forma legal de brindar compensación a las víctimas. Una comisión de cinco miembros revisará las reclamaciones voluntarias, y se prevé que las operaciones continúen hasta diciembre de 2028.
El Departamento afirmó que el fondo está inspirado en acuerdos a gran escala anteriores, incluido el acuerdo Keepseagle de la era Obama, que creó un fondo de aproximadamente 760 millones de dólares para resolver las antiguas demandas por discriminación presentadas por agricultores nativos americanos contra el gobierno federal.
El 18 de mayo, noventa y tres demócratas de la Cámara de Representantes presentaron documentos ante el tribunal instando a un juez a bloquear el acuerdo propuesto por Trump, calificándolo de acto inconstitucional de conflicto de intereses que compensaría a los alborotadores del 6 de enero y a los aliados de Trump.
Los demócratas, en un escrito de amicus curiae y en las declaraciones que lo acompañan, argumentaron que el acuerdo desvió indebidamente dinero de los contribuyentes del Fondo de Sentencias del Tesoro.