Durante años, MORENA ha construido buena parte de su discurso político denunciando el llamado chayote: el uso de recursos públicos para comprar cobertura favorable, castigar a medios críticos y moldear la conversación pública. Sin embargo, la filtración difundida este lunes plantea precisamente ese escenario dentro de uno de los gobiernos más importantes del partido.
De acuerdo con la documentación presentada por Dolia Estévez, existiría un padrón de 209 convenios publicitarios, distribuidos entre páginas web, estaciones de radio y medios nacionales, que representarían más de 270 millones de pesos en recursos públicos durante 2025.
Los comentarios que encendieron la polémica
El aspecto más delicado no son únicamente los contratos.
Las hojas filtradas incluyen una columna de observaciones internas donde aparecen expresiones como:
- «Colaborador y afín al gobierno».
- «Sí jala».
- «Ayuda en mañaneras».
- «Ayuda a golpear».
- «Mandar más material para compartir».
- «Analizar sacarlo, no colaborativo».
- «No lo identifican, bajar».
Si estos documentos son auténticos, las anotaciones sugerirían que la permanencia o incremento de los convenios no dependería exclusivamente del alcance o desempeño comercial de cada medio, sino también de su actitud frente al gobierno estatal.
Pablo Iglesias aparece entre los beneficiarios
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el del político español Pablo Iglesias, fundador de Podemos y actual impulsor del proyecto mediático Canal Red.
Según la documentación difundida, una empresa vinculada a su proyecto habría recibido contratos por varios millones de pesos provenientes del Gobierno de Sonora. La revelación ha provocado fuertes críticas debido a que MORENA ha sostenido reiteradamente un discurso de rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, mientras que este caso plantea interrogantes sobre el financiamiento público otorgado a un operador político extranjero.
Una investigación que deberá aclararse
Hasta el momento de la publicación de este artículo, la información difundida proviene de documentos filtrados publicados por Dolia Estévez y retomados por diversos medios. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer la autenticidad de esos documentos, explicar los criterios utilizados para la asignación de contratos y determinar si existió alguna irregularidad administrativa o un uso indebido de recursos públicos.
Si la documentación resulta auténtica, el caso abriría un debate serio sobre la transparencia en el gasto de comunicación social y sobre la congruencia entre el discurso oficial contra el chayote y las prácticas documentadas dentro de una administración estatal.
La libertad de prensa exige reglas claras
Todo gobierno tiene la facultad de contratar campañas institucionales para informar a la ciudadanía. Lo que resulta incompatible con una democracia es que esos recursos se utilicen para premiar la complacencia, castigar la crítica o influir en la línea editorial de los medios.
La libertad de expresión no depende únicamente de que un periodista pueda publicar sin censura. También exige que el dinero público no se convierta en un mecanismo de presión política ni en una herramienta para fabricar consensos mediante incentivos económicos.
Si las revelaciones son confirmadas, el caso Sonora no representaría únicamente un problema administrativo. Pondría en entredicho uno de los principales compromisos éticos con los que MORENA llegó al poder: terminar con las prácticas que durante décadas denunció como uno de los mayores males del sistema político mexicano.