Una propuesta del PT pretende incorporar la “muerte digna” a la Constitución y facultar al Congreso para expedir una Ley General en Materia de Eutanasia. No es un esfuerzo aislado: durante la actual Legislatura se han presentado otras iniciativas que avanzan en la misma dirección.
El debate sobre la eutanasia está tomando forma en el Congreso mexicano.
La diputada federal Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que busca modificar los artículos 4 y 73 de la Constitución para reconocer la llamada “muerte digna” y facultar expresamente al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Eutanasia.
La propuesta aparece destacada en la más reciente edición del newsletter de Voto Católico México. Sin embargo, una revisión de los registros oficiales de la Cámara de Diputados permite precisar su recorrido legislativo: la iniciativa fue publicada originalmente en la Gaceta Parlamentaria el 3 de marzo de 2026 y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El proyecto no propone simplemente modificar regulaciones médicas. Busca cambiar la Constitución.
En concreto, plantea otorgar al Congreso federal una nueva facultad constitucional: “Para expedir la Ley General en Materia de Eutanasia”, según consta en el texto oficial presentado por Merino.
No es una iniciativa aislada
Este es posiblemente el dato más relevante.
La propuesta de Merino forma parte de un movimiento legislativo más amplio sobre la materia.
Los registros de la propia Cámara muestran que el 28 de abril fue presentada otra iniciativa destinada a modificar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de “derecho a la muerte digna”.
Esta segunda propuesta fue presentada por la diputada de Morena Estela Carina Piceno Navarro junto con legisladores de distintos grupos parlamentarios y fue enviada a las comisiones unidas de Salud y Justicia.
Además, otra iniciativa presentada anteriormente por la diputada Irma Juan Carlos, también de Morena, planteó adicionar el artículo 4 constitucional para reconocer el derecho a una “muerte digna” y permitir la eutanasia.
Es decir, el debate ya trasciende una iniciativa y un solo partido.
Hoy la eutanasia está expresamente prohibida
El cambio sería profundo porque la legislación federal actualmente establece exactamente lo contrario.
El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud vigente mantiene la prohibición de la eutanasia.
México sí reconoce jurídicamente la voluntad anticipada y los cuidados paliativos. Esto permite evitar tratamientos desproporcionados cuando una enfermedad se encuentra en fase terminal, sin convertir esa decisión en una acción destinada a causar la muerte.
La propia Comisión Nacional de Bioética ha explicado esta diferencia y ha señalado que las normas sobre voluntad anticipada buscan permitir el rechazo de determinados tratamientos y garantizar cuidados paliativos, no autorizar la eutanasia.
Por ello, hablar de “muerte digna” puede resultar ambiguo si no se explica qué actuación concreta pretende legalizarse.
La respuesta católica: dignidad hasta la muerte natural
La posición de la Iglesia Católica tampoco equivale a exigir tratamientos médicos ilimitados.
El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce que una persona enferma o debilitada merece una protección especial y permite, bajo determinadas condiciones, renunciar a procedimientos médicos extraordinarios o desproporcionados.
Lo que rechaza es provocar deliberadamente la muerte.
Esta posición fue reafirmada recientemente por el papa León XIV. En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, el Pontífice coloca el derecho a la vida entre los derechos fundamentales y sostiene que debe protegerse “desde la concepción hasta su fin natural”.
Además, León XIV menciona expresamente la eutanasia entre las prácticas incompatibles con ese derecho fundamental.
La distinción es esencial para el debate mexicano: acompañar a una persona hasta su muerte natural, aliviar su dolor y evitar tratamientos desproporcionados no es lo mismo que reconocer jurídicamente un derecho a provocar anticipadamente la muerte.
El Congreso tendrá la palabra
Por ahora, la iniciativa de Nora Merino no es ley ni ha sido aprobada por el pleno. Permanece en el proceso legislativo.
Pero la existencia de varias propuestas durante la misma Legislatura demuestra que el asunto ya se encuentra instalado en la agenda del Congreso.
Y si alguna de ellas pretende convertir la eutanasia en un derecho constitucional, el debate dejará de ser exclusivamente médico.
Será una discusión sobre una pregunta mucho más profunda: qué significa realmente proteger la dignidad humana cuando una persona atraviesa la enfermedad, la dependencia y la etapa final de su vida.
Para la doctrina católica, la respuesta es inequívoca: la vulnerabilidad nunca disminuye el valor de una vida humana.