Hay una pregunta que merece hacerse en medio de la tormenta mediática que rodea la frustrada venta de Grupo El Comercio.
¿Por qué, de un momento a otro, el centro de la discusión dejó de ser la resolución judicial que suspendió provisionalmente la operación y pasó a ser el juez que la firmó?
No se trata de una pregunta menor. Porque la respuesta puede decir mucho sobre cómo se está desarrollando este debate.
El origen del caso
El pasado 30 de julio, el Séptimo Juzgado Civil Comercial de Lima emitió una medida cautelar que suspendió provisionalmente la transferencia de acciones de Empresa Editora El Comercio S.A. mientras se desarrolla un arbitraje.
La resolución no decide quién tiene la razón en el conflicto societario.
Tampoco anula definitivamente la operación.
Lo que hace es preservar el estado actual de las cosas hasta que el tribunal arbitral pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
En términos sencillos, el juzgado concluyó que existían elementos suficientes para justificar una medida provisional destinada a evitar que una eventual sentencia arbitral pierda eficacia si la transferencia llegara a consumarse antes.
Eso, precisamente, es la naturaleza de una medida cautelar.
Un debate que cambió de rumbo
Lo lógico habría sido que el debate público girara alrededor de preguntas como estas:
- ¿Existe realmente el derecho de adquisición preferente que alegan los accionistas demandantes?
- ¿Interpretó correctamente el juez el estatuto de la empresa?
- ¿Era necesaria una medida cautelar?
- ¿La resolución está suficientemente motivada?
- ¿Qué consecuencias tendría para la operación?
Sin embargo, en cuestión de horas ocurrió algo distinto.
Diversos medios comenzaron a centrar su cobertura casi exclusivamente en el magistrado que dictó la resolución.
Titulares sobre investigaciones, procesos disciplinarios, suspensiones y cuestionamientos personales desplazaron rápidamente la discusión sobre el contenido mismo de la decisión judicial.
La conversación dejó de ser la resolución.
La conversación pasó a ser el juez.
Dos debates completamente distintos
Es importante hacer una distinción.
Si un magistrado tiene investigaciones, procedimientos disciplinarios o cuestionamientos, ello puede ser noticia y el periodismo tiene pleno derecho a informar sobre esos antecedentes.
Pero esa discusión no reemplaza otra, igualmente importante.
¿Qué dice exactamente la resolución?
Porque una resolución judicial no deja de existir simplemente porque quien la firma sea objeto de investigaciones o críticas.
Puede estar bien fundamentada.
Puede estar mal fundamentada.
Puede ser apelada.
Puede ser revocada.
Pero sus argumentos siguen estando ahí y merecen ser analizados.
La resolución existe. ¿La estamos leyendo?
La medida cautelar emitida por el Séptimo Juzgado Comercial no consiste en una simple orden de una página.
Se trata de una resolución que desarrolla los elementos que, a criterio del juzgado, justifican la concesión de la tutela cautelar mientras se instala el arbitraje anunciado por los accionistas solicitantes.
Naturalmente, la parte afectada tiene derecho a cuestionarla mediante los mecanismos previstos por la ley.
Eso forma parte del debido proceso.
Pero una cosa es impugnar jurídicamente una resolución y otra muy distinta es sustituir el análisis de sus fundamentos por una discusión centrada exclusivamente en la persona del juez.
Las preguntas que todavía siguen pendientes
Más allá de las posiciones que cada uno pueda tener sobre esta controversia, todavía quedan varias preguntas que el debate público debería responder:
- ¿Cuáles fueron exactamente los argumentos que llevaron al juzgado a conceder la medida cautelar?
- ¿Qué respondió la parte demandada frente a esos argumentos?
- ¿Qué recursos procesales se interpondrán para cuestionar la decisión?
- ¿Qué resolverá finalmente el tribunal arbitral?
- ¿Qué efectos tendría una eventual revocatoria o confirmación de la medida?
Responder esas preguntas probablemente ayude mucho más a comprender el caso que limitar la conversación únicamente a los antecedentes personales del magistrado.
Porque al final…
En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales deben discutirse con argumentos jurídicos.
Si una decisión es equivocada, existen recursos para impugnarla.
Si una interpretación legal es errónea, debe demostrarse por qué.
Y si un juez incurre en responsabilidades disciplinarias o penales, existen los procedimientos correspondientes para investigarlo y sancionarlo.
Pero ninguna de esas cuestiones debería impedir que el debate principal siga siendo el que verdaderamente importa:
¿Está jurídicamente bien sustentada la resolución que suspendió la venta de Grupo El Comercio?
Hasta ahora, esa parece ser la pregunta que menos espacio ha recibido en buena parte de la cobertura pública.