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El 1 de junio, un tribunal federal de apelaciones, en una decisión dividida, dictaminó parcialmente en contra de las restricciones impuestas por la administración Trump al servicio militar de personas transgénero, alegando que probablemente violan las protecciones constitucionales de los miembros actuales del servicio, pero permitiendo al gobierno continuar con su política de no aceptar nuevos reclutas transgénero mientras el asunto avanza en los tribunales.

En una decisión de 2 a 1, un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos ratificó en gran medida la orden de un tribunal inferior que bloqueaba la aplicación de la política contra las personas transgénero que ya prestaban servicio militar. Sin embargo, el tribunal levantó la orden judicial en lo que respecta a los posibles reclutas que buscan alistarse.

El fallo supone una derrota parcial de la política adoptada bajo el mandato del presidente Donald Trump e implementada por el secretario de Defensa Pete Hegseth a principios de 2025.

El juez Robert Wilkins, en nombre de la mayoría y con el apoyo de la jueza Judith Rogers, afirmó que quienes impugnaban la política probablemente lograrían demostrar que estaba motivada por la hostilidad hacia las personas “transgénero” y que carecía de justificación suficiente vinculada a la preparación militar.

La mayoría afirmó que la política parecía estar motivada por “un mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular” y señaló que revertía políticas militares anteriores sin aportar nuevas pruebas sustanciales que justificaran el cambio.

Las restricciones se derivan de la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025, que ordenaba a las fuerzas armadas priorizar los estándares de preparación y eficacia. Hegseth continuó con una guía en febrero de 2025 que, en general, descalificaba para servir o alistarse a las personas con antecedentes de disforia de género.

La administración ha afirmado que esta política es necesaria para mantener la preparación militar, la cohesión de las unidades y los estándares médicos.

La demanda fue interpuesta por miembros del servicio militar en activo que se identifican como “transgénero” y por personas que buscan alistarse, quienes argumentaron que la política viola la garantía de igualdad de protección ante la ley que establece la Quinta Enmienda. 

En marzo de 2025, la jueza de distrito estadounidense Ana Reyes emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional que bloqueaba la aplicación de la política, argumentando que probablemente era inconstitucional y que no estaba respaldada por pruebas que demostraran que los miembros del servicio militar “transgénero” perjudicaran la eficacia militar.

El tribunal de apelaciones coincidió en que los miembros del servicio activo que impugnaban la política habían demostrado una alta probabilidad de éxito en sus demandas constitucionales. El tribunal mantuvo vigentes las protecciones para los demandantes mencionados.

Sin embargo, el panel concluyó que se aplican consideraciones diferentes a los posibles candidatos, lo que permite a la administración continuar con su política de no aceptar solicitantes “transgénero” mientras el litigio sigue su curso.

El juez Justin Walker discrepó en parte, argumentando que los tribunales deberían otorgar mayor respeto a las decisiones del poder militar y ejecutivo en lo que respecta a la composición y la preparación de las fuerzas armadas.

El fallo se produce tras una orden del Tribunal Supremo del 6 de mayo de 2025 que permitía que la política entrara en vigor temporalmente mientras continuaban los litigios. 

Se prevé que el caso Talbott contra Estados Unidos sea objeto de una nueva revisión. El Departamento de Justicia podría solicitar al pleno del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que reconsidere la decisión o apelar directamente ante la Corte Suprema.

Hegseth respondió a una publicación de X sobre el fallo, indicando que la administración tiene la intención de llevar el caso a la Corte Suprema.

La orden de Trump de 2025 revirtió las políticas de la administración Biden que habían permitido a los estadounidenses “transgénero” servir en el ejército, sujetos a ciertos requisitos médicos.

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