La presidente insiste en pedir a Estados Unidos la entrega de criminales mexicanos, pero al mismo tiempo defiende públicamente a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, volvió a defender públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exigiendo “pruebas” a Estados Unidos y reclamando un “juicio justo” para él y otros funcionarios mexicanos acusados de presuntos nexos con el narcotráfico.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que “se les olvida la más importante: pedir pruebas” y sostuvo que México no puede actuar únicamente sobre acusaciones provenientes de Washington. La mandataria incluso defendió que su postura sería la misma “aunque fuera de otro partido”, argumentando que se trata de una cuestión de soberanía y Estado de Derecho.
Pero las declaraciones han generado una enorme controversia debido a una contradicción que cada vez más sectores consideran imposible de ignorar: el mismo gobierno que exige extradiciones, cooperación judicial y combate frontal al crimen organizado está cerrando filas alrededor de políticos acusados precisamente de colaborar con los cárteles.
El gran problema: ¿quién juzga a quién?
La situación plantea una pregunta incómoda para el gobierno mexicano: ¿cómo pueden ser juzgados en México presuntos funcionarios coludidos con el narcotráfico cuando las acusaciones apuntan justamente a sectores del propio aparato político?
Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de haber protegido estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo presuntos sobornos, protección política y colaboración operativa.
Pese a ello, Sheinbaum insiste en que no existe evidencia suficiente y acusa a Washington de actuar sin pruebas contundentes.
El problema para muchos críticos es evidente: si las propias estructuras políticas mexicanas están bajo sospecha, resulta difícil imaginar que exista verdadera independencia institucional para investigar o juzgar casos de esta magnitud.
Porque no se trata solamente de delincuentes comunes. Se trata de funcionarios que, según las acusaciones estadounidenses, habrían utilizado el poder del Estado para proteger operaciones criminales.
MORENA cierra filas alrededor de Rocha Moya
Lejos de tomar distancia, MORENA y figuras del oficialismo han respaldado públicamente al exgobernador sinaloense desde el inicio del escándalo.
Incluso Sheinbaum acusó de “injerencista” al embajador estadounidense Ronald Johnson por hablar públicamente del caso y sostuvo que México no aceptará presiones externas.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República rechazó inicialmente avanzar con el proceso de extradición argumentando falta de documentación suficiente enviada por Estados Unidos.
Paradójicamente, el mismo gobierno mexicano que reclama cooperación internacional contra el crimen organizado ahora parece desconfiar completamente de las acusaciones provenientes de Washington cuando éstas alcanzan a figuras cercanas al oficialismo.
La narrativa de soberanía empieza a desgastarse
Sheinbaum también reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición presentadas por México por supuesta falta de pruebas, utilizando ese dato como argumento para justificar la postura actual de su gobierno.
Sin embargo, para amplios sectores de la oposición y parte de la opinión pública, la narrativa soberanista empieza a perder fuerza cuando el gobierno parece más preocupado por proteger políticamente a Rocha Moya que por despejar completamente las sospechas.
El desgaste se vuelve todavía mayor porque MORENA ha sido extremadamente agresivo contra adversarios políticos en casos mucho menos graves, mientras que frente a acusaciones de presunta colaboración con el narcotráfico la respuesta ha sido cautela, defensa institucional y exigencia permanente de más pruebas.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si las acusaciones fueran ciertas, ¿realmente podría un sistema político señalado de estar infiltrado por el narco juzgar con independencia a sus propios aliados?