En un fallo con fecha del 28 de mayo, un juez federal permitió que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca crear listas federales de votantes y endurecer las reglas para el voto por correo, se mantenga vigente por ahora, rechazando una solicitud de los demócratas para bloquear la orden antes de que las agencias comiencen a implementarla.
La orden ejecutiva del 31 de marzo ordena a los funcionarios federales que elaboren listas, estado por estado, de ciudadanos estadounidenses en edad de votar utilizando datos federales de ciudadanía y que compartan dichas listas con los funcionarios electorales estatales, como informó previamente Zeale News. También instruye al Servicio Postal de los Estados Unidos a desarrollar normas que limiten la entrega de boletas por correo a los votantes incluidos en las listas estatales aprobadas y a establecer requisitos de seguimiento más estrictos para las boletas enviadas por correo.
Los demandantes —el Comité Nacional Demócrata, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Congresional Demócrata, la Asociación de Gobernadores Demócratas, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York— presentaron la demanda el 1 de abril, un día después de que Trump firmara la orden.
El juez federal Carl Nichols, nombrado por Trump en Washington, D.C., rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por los demandantes en su último fallo. Los demandantes argumentaron que la orden de Trump excede la autoridad presidencial, ya que la Constitución asigna la responsabilidad principal de las normas electorales a los estados y al Congreso. También alegaron que la disposición sobre el registro de votantes viola la Ley de Privacidad al exigir a los funcionarios federales que recopilen y compartan datos personales sin autorización legal, según consta en los documentos judiciales.
Nichols respaldó la postura del gobierno de que era prematuro bloquear la orden, ya que las agencias federales aún no habían implementado las disposiciones impugnadas. Dictaminó que los demandantes no lograron demostrar el tipo de daño inminente requerido para la concesión de medidas de emergencia.
“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría emitir una norma definitiva que afecte directamente a los demandantes o a sus miembros, o que el Gobierno podría elaborar listas estatales de ciudadanía que omitan a personas específicas debido a deficiencias particulares”, escribió Nichols en la orden. “Los demandantes podrán, por supuesto, reiterar sus mociones si se producen dichas acciones futuras. Sin embargo, hasta entonces, los demandantes no pueden demostrar que se justifique una medida cautelar preliminar”.
También se negó a bloquear la orden por motivos relacionados con la Ley de Privacidad en esta etapa, escribiendo que los demandantes “no logran demostrar que tal acción, es decir, el intercambio de información sobre nombre, edad y residencia entre agencias gubernamentales, si ya es conocida por el gobierno federal, causaría un daño suficiente” para sustentar la demanda.
La decisión deja abierta la posibilidad de nuevas impugnaciones legales si la administración comienza a implementar la orden. Según AP News, una demanda independiente que impugna la orden está pendiente en un tribunal federal de Boston.
El fallo se produce en un momento en que Trump y los republicanos intentan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Trump ha instado al Congreso a aprobar la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, que exigiría una prueba documentada de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar en las elecciones federales.