Las investigaciones por operaciones ilícitas y lavado de dinero aumentaron 73% en Sinaloa justo cuando Estados Unidos y la UIF intensifican el cerco contra funcionarios ligados al oficialismo estatal.
El estado de Sinaloa atraviesa una explosiva crisis de narcopolítica y delitos financieros que ya comienza a reflejarse incluso en cifras oficiales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por Milenio, entre 2025 y 2026 el promedio mensual de funcionarios relacionados con delitos financieros aumentó 73% en la entidad.
La cifra coincide con el momento más crítico para el grupo político encabezado por Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según Milenio, solamente entre enero y abril de 2026 ya se habían abierto 21 investigaciones relacionadas con delitos tipificados dentro del Código Fiscal de la Federación, superando ampliamente promedios de años anteriores.
El dinero ahora es el centro de la investigación
El caso dejó de ser únicamente político o criminal. Ahora el foco principal está en las rutas financieras.
La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga cuentas bancarias, empresas, contratos, socios y operaciones vinculadas con funcionarios y familiares cercanos a Rocha Moya.
Incluso siete empresas relacionadas con hijos del gobernador con licencia ya se encuentran bajo revisión financiera por posibles irregularidades.
Milenio explicó además que el congelamiento preventivo de cuentas bancarias abrió una “segunda fase” del caso, enfocada específicamente en operaciones financieras, lavado de dinero y estructuras empresariales ligadas a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
Y esa parte podría terminar siendo todavía más peligrosa para MORENA que las propias acusaciones iniciales.
Porque seguir el dinero implica rastrear no solamente redes criminales, sino también posibles vínculos políticos, empresariales y electorales.
Estados Unidos ya va tras las redes financieras
Mientras tanto, Washington continúa ampliando la ofensiva.
Este mismo martes, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 12 personas y dos empresas mexicanas acusadas de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa mediante criptomonedas, empresas de seguridad y negocios aparentemente legales.
Entre las entidades señaladas aparece incluso una empresa de seguridad privada mexicana y distintos negocios utilizados presuntamente para mover recursos provenientes del narcotráfico.
La estrategia estadounidense ahora apunta directamente a destruir las estructuras financieras del cártel y no solamente sus operaciones armadas.
Y en ese escenario, los funcionarios públicos sospechosos se convierten automáticamente en piezas clave de investigación.
El caso Rocha ya amenaza políticamente a MORENA
El problema para el oficialismo es que el caso sigue creciendo.
Estados Unidos sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo político y financiero de “Los Chapitos” durante la campaña electoral de 2021 a cambio de protección institucional.
Junto a él también aparecen señalados otros perfiles importantes de MORENA en Sinaloa, incluyendo el senador Enrique Inzunza y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Aunque la presidente Claudia Sheinbaum ha pedido “pruebas contundentes” y MORENA sigue cerrando filas alrededor de Rocha Moya, el avance de investigaciones financieras ya comienza a estrechar muchísimo más el margen político de defensa.
Porque una cosa es debatir acusaciones políticas. Otra muy distinta es cuando empiezan a aparecer movimientos bancarios, empresas, contratos, cuentas congeladas y operaciones financieras sospechosas.
El verdadero miedo: que alguien empiece a hablar
Dentro del oficialismo existe además una preocupación que ya nadie esconde demasiado: que alguno de los implicados decida colaborar con autoridades estadounidenses.
Dos exfuncionarios sinaloenses ya se encuentran bajo custodia en Estados Unidos y las investigaciones financieras continúan creciendo.
Por eso, para muchos analistas, el congelamiento de cuentas y las investigaciones bancarias son apenas el inicio.
Porque cuando las autoridades comienzan a seguir el dinero, normalmente terminan llegando mucho más arriba de lo que inicialmente se esperaba.