La nueva reforma constitucional permite anular elecciones por supuesta intervención extranjera. El problema no es defender la soberanía nacional. El problema es quién tendrá el poder de decidir cuándo existe esa intervención y cuándo no.
México tiene derecho a defender su soberanía. Nadie discute eso.
Durante décadas, los mexicanos hemos rechazado cualquier intento de injerencia extranjera en nuestros asuntos internos, venga de Washington, Bruselas, Moscú o Pekín. Sin embargo, una cosa es proteger la soberanía y otra muy distinta es crear herramientas legales tan ambiguas que puedan terminar utilizándose para anular resultados electorales incómodos.
La nueva reforma impulsada por Morena y promulgada por la presidente Claudia Sheinbaum incorpora una nueva causal de nulidad electoral: la existencia de actos de «intervención o injerencia extranjera» que influyan en los resultados de una elección.
Suena razonable.
Hasta que aparece la pregunta más importante:
¿Quién determinará qué constituye exactamente una injerencia extranjera?
Ese es precisamente el punto que preocupa a numerosos abogados constitucionalistas y especialistas en derecho electoral. La redacción es tan amplia que deja enormes márgenes de interpretación para las autoridades electorales y los tribunales.
¿Será injerencia extranjera una declaración de un presidente extranjero?
¿Lo será una investigación periodística realizada fuera del país?
¿Una publicación de un medio internacional?
¿Un informe de una agencia estadounidense sobre narcotráfico?
¿Una opinión de un líder religioso o de una organización internacional?
Las posibilidades son prácticamente infinitas.
Y el problema se vuelve aún más delicado cuando recordamos el contexto político actual.
En los últimos meses hemos visto cómo el gobierno mexicano ha respondido a diversas investigaciones provenientes de Estados Unidos, particularmente aquellas relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, acusando sistemáticamente intentos de intervención extranjera.
Si mañana una investigación internacional revela información comprometedora sobre algún candidato oficialista, ¿podría argumentarse que existe una injerencia extranjera destinada a influir en la elección?
La sola posibilidad debería preocupar a cualquier demócrata.
Más aún cuando esta reforma llega en un momento en que Morena concentra un nivel de poder pocas veces visto en la historia reciente del país. La desaparición de organismos autónomos, la reforma judicial y las crecientes críticas sobre la falta de contrapesos institucionales han alimentado inquietudes incluso entre figuras históricamente cercanas al oficialismo.
No se trata de defender la intervención extranjera.
Se trata de defender algo igualmente importante: la certeza democrática.
Las reglas electorales deben ser claras, precisas y difíciles de manipular. Cuando una causal de nulidad depende de conceptos vagos y abiertos a interpretación política, el riesgo de abuso crece inevitablemente.
La soberanía nacional merece protección.
Pero también merece protección el derecho de los mexicanos a saber que una elección no podrá ser anulada mañana por criterios que nadie definió claramente hoy.
Porque cuando una ley permite que el poder interprete casi cualquier cosa como una amenaza, deja de ser una garantía para la democracia y comienza a convertirse en una herramienta para controlarla.