Ronald Johnson confirma que Washington ya actúa contra funcionarios vinculados al narcotráfico y advierte que la corrupción será investigada y procesada bajo jurisdicción estadounidense.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió una declaración oficial tras la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En el documento, difundido por la propia embajada, el diplomático señala que su país “toma nota” de los cargos penales y reafirma que combatir la corrupción y el crimen transnacional es una prioridad compartida entre ambas naciones.
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“Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos”, afirmó Johnson, en un mensaje que marca el tono de la postura estadounidense frente a este caso.
Además, subraya que Estados Unidos y México deben fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho, en línea con las exigencias de sus ciudadanos a ambos lados de la frontera.
“La corrupción será investigada y procesada”
El punto más contundente del pronunciamiento está al final del documento.
Aunque el embajador evita comentar directamente los detalles del caso o prejuzgar sobre los acusados, deja una advertencia clara: la corrupción que facilite el crimen organizado “será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”.
Esta frase es clave. No solo respalda la acción judicial ya iniciada contra Rocha Moya, sino que establece una línea de acción más amplia, en la que Washington se reserva el derecho de actuar contra funcionarios extranjeros si sus delitos impactan territorio estadounidense.
Presión directa en plena tensión con México
El gobierno mexicano ha frenado el avance inmediato de la extradición de Rocha Moya, argumentando falta de pruebas suficientes, lo que ha generado cuestionamientos sobre si existe voluntad política para permitir que el caso avance.
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En ese contexto, el mensaje de Johnson funciona como presión diplomática clara pero cuidadosamente formulada. No confronta abiertamente al gobierno mexicano, pero deja sentado que Estados Unidos seguirá adelante con sus investigaciones y procesos.
También reafirma un principio que ya se ha visto en otros casos: cuando el narcotráfico cruza fronteras, la jurisdicción estadounidense también lo hace.