Una medida cautelar suspendió temporalmente la transferencia de acciones de Grupo El Comercio a la coalición compradora encabezada por el fondo vinculado a los Picasso. Mientras algunos sectores cuestionan la decisión judicial, los accionistas que solicitaron la medida sostienen que ejercen derechos previstos por la ley y buscan evitar una transferencia que consideran irregular.
La venta de Grupo El Comercio, el conglomerado periodístico más importante del Perú, acaba de entrar en una nueva etapa.
Luego de que la empresa comunicara a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que había vencido el plazo para ejercer el derecho de adquisición preferente y que existía un acuerdo para transferir las acciones a los compradores, un juez comercial de Lima emitió una medida cautelar que ordena congelar temporalmente la operación mientras se desarrolla un futuro arbitraje.
La resolución dispone mantener el estado actual de la titularidad de las acciones y prohíbe registrar o ejecutar actos destinados a concretar la transferencia hasta que se resuelva el proceso arbitral anunciado por los demandantes.
¿Quiénes solicitaron la medida?
La demanda cautelar fue presentada por tres accionistas de Empresa Editora El Comercio S.A.:
- Hernando López de Romaña Dalmau.
- Alois Miró Quesada Koechlin.
- Arthur do Nascimento Silva.
Los tres sostienen que existen fundamentos suficientes para suspender la operación mientras se determina si el proceso de venta respetó plenamente los derechos societarios y contractuales involucrados.
El juez consideró que existían elementos suficientes para otorgar la medida cautelar, aclarando además que esta tiene carácter provisional y que deberá ser revisada dentro del arbitraje correspondiente.
El derecho de adquisición preferente no es una anomalía
En los últimos días algunos comentarios en redes sociales han presentado el intento de ejercer el derecho preferente como si se tratara de una maniobra inesperada o irregular.
Sin embargo, ese derecho forma parte de los mecanismos habituales del derecho societario.
Precisamente existe para permitir que determinados accionistas puedan adquirir acciones antes de que estas sean transferidas a terceros, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley y por los acuerdos societarios.
En este caso, quienes impulsaron la medida cautelar forman parte del accionariado y participaron en la conducción de la empresa. Su pretensión consiste en que un árbitro determine si el procedimiento seguido respetó plenamente esos derechos antes de que la operación quede consumada.
En otras palabras, el hecho de intentar ejercer un derecho de adquisición preferente no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Es una herramienta contemplada por el ordenamiento jurídico precisamente para este tipo de situaciones.
Un debate que trasciende una operación empresarial
La controversia ha adquirido una enorme relevancia porque Grupo El Comercio no es una empresa cualquiera.
Bajo su estructura se encuentran medios de enorme influencia nacional, entre ellos El Comercio, Trome, Gestión, Perú21, Depor y otros productos editoriales que concentran una parte significativa del mercado informativo peruano.
Por ello, cualquier cambio de control genera preocupación sobre el impacto que podría tener en la línea editorial, el pluralismo informativo y la diversidad de voces disponibles para los ciudadanos.
Diversos analistas y actores políticos han expresado posiciones encontradas respecto de la operación. Mientras algunos consideran que se trata simplemente de una transacción privada entre accionistas, otros sostienen que la composición del grupo comprador podría producir un cambio profundo en el equilibrio mediático del país.
La batalla recién comienza
La medida cautelar no decide quién tiene finalmente la razón.
Lo que hace es impedir que la transferencia quede consumada antes de que un tribunal arbitral analice el fondo del conflicto.
Eso significa que la venta no ha sido anulada, pero tampoco puede perfeccionarse mientras la orden judicial permanezca vigente.
En las próximas semanas será el arbitraje el que determine si el procedimiento seguido para la venta respetó efectivamente los derechos de los accionistas y si la transferencia puede continuar o debe modificarse.
Lo que está claro es que el futuro de uno de los grupos de comunicación más importantes del Perú seguirá definiéndose tanto en los tribunales como en el debate público.