Lo digo sin rodeos porque me parece que ya no hay espacio para la neutralidad cómoda: México vive hoy un ataque de doble filo contra la libertad de expresión, y me preocupa que estemos discutiendo cada frente por separado, como si no fueran síntomas de la misma enfermedad.
Hay una frase que resume mejor que cualquier estadística lo que significa ejercer el periodismo en este país: los matan porque se puede. No porque haya una orden desde arriba en cada caso, no porque exista siempre un mandato explícito, sino porque el sistema entero —policías que no protegen, fiscalías que no investigan, jueces que no sentencian— ha construido un ambiente en el que asesinar a un comunicador rara vez tiene costo. Esa es la realidad que nos duele a todos los mexicanos, la vivamos o no de cerca: la de un país donde decir la verdad en voz alta puede costar la vida, y donde casi nadie paga por quitarla.
Siete meses, siete nombres
El conteo de este año ya llegó a siete periodistas asesinados en lo que va de 2026, según documentó El País en un reportaje reciente. El más reciente fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista oaxaqueño de 60 años, ejecutado de un disparo en la cabeza mientras comía, de espaldas a la calle, sin siquiera tiempo de advertir a sus agresores. Antes que él, Veracruz concentró tres de los siete casos del año: el primero, el 8 de enero en Poza Rica, fue Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de un medio local de 26 años que cubría hechos policiales y denuncias ciudadanas. Había tenido medidas de protección estatal desde 2024, atribuidas a amenazas de policías municipales, pero esa protección se le retiró meses antes de que lo mataran. Quienes lo asesinaron grabaron y difundieron el crimen, un gesto que solo se explica desde la certeza absoluta de que nada les pasaría.
Ese patrón se repite en Tijuana, donde en una sola semana de enero dos periodistas fueron acribillados en la puerta de sus casas. Y se repite en la cifra que más debería avergonzarnos como país: el 90% de los asesinatos de periodistas en México queda impune. No es que falten leyes de protección —existen desde hace más de una década— ni mecanismos federales y estatales dedicados exclusivamente a este problema. Es que esos mecanismos, una y otra vez, llegan tarde, se retiran antes de tiempo o simplemente no logran contener a policías municipales coludidos, redes de corrupción local o el crimen organizado que domina territorios enteros del país. El resultado es exactamente esa frase que le da título al reportaje de El País: los matan porque se puede, porque la certeza de impunidad es, en la práctica, un permiso. Y aquí conviene preguntarse, sin miedo a sonar incómodo: ¿de qué sirve tener uno de los marcos legales de protección a periodistas más completos de América Latina si, en la práctica, ningún asesino relevante termina tras las rejas?
La otra amenaza, la que no dispara
Y mientras el país entierra a un periodista tras otro, el gobierno abrió esta semana un frente distinto —no letal, pero preocupante a su manera— sobre la misma libertad de expresión. El 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública, hasta el 21 de agosto, unos nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025. La propuesta obliga a todos los concesionarios de radio y televisión a tener un código de ética y a nombrar una persona defensora de audiencias, encargada de atender quejas ciudadanas sobre desinformación o falta de veracidad. Si el medio no resuelve la queja, la propia CRT —órgano del Estado— puede terminar determinando si hubo o no una falta, con sanciones económicas como última instancia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido, con firmeza, en que esto no es censura: que el esquema fue negociado con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que busca empoderar al espectador y que la responsabilidad de vigilar recae en un defensor nombrado por el propio medio, no por el gobierno. Es un argumento razonable en el papel, y quiero ser justo con él. Pero conviene mirar el mecanismo completo, no solo la intención declarada: al final de la cadena de quejas, si el defensor de audiencias no resuelve el reclamo, es una comisión estatal la que decide si una información fue o no veraz. El propio senador Ricardo Monreal lo reconoció, sin matices, ante una pregunta directa: tras una queja ciudadana, será finalmente el gobierno quien determine si una información es falsa. Ese es, para mí, el punto que de verdad debería inquietarnos: no que exista un código de ética —eso es sano y hasta necesario—, sino que el árbitro final de qué es verdad y qué es “fake news” termine siendo una institución del Estado.
Viene a la mente, en este punto, una advertencia que Benedicto XVI dejó por escrito años antes de que existiera este debate mexicano. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2011, el papa emérito pidió que los espacios de información no se convirtieran en un instrumento que permitiera a los poderosos monopolizar las opiniones de los demás. No hablaba de México ni de radiodifusión, hablaba de internet y de la fe, pero el principio es el mismo y aplica con precisión quirúrgica a lo que está en juego aquí: cuando la última palabra sobre qué es verdad y qué es mentira queda en manos de quien también gobierna, ejerce el poder político y decide qué se investiga y qué no, el riesgo de que la verdad termine ajustándose a la conveniencia de ese poder no es una hipótesis paranoica, es una posibilidad estructural que cualquier diseño institucional serio debería anticipar y blindar.
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión ya advirtió que ciertos apartados del documento podrían generar discrecionalidad en su aplicación; la propia Sheinbaum ha planteado, además, evaluar si el esquema debería extenderse a la prensa escrita y a plataformas digitales, lo que ampliaría todavía más el radio de acción del regulador estatal sobre lo que se publica.
Dos maneras de silenciar
No estoy equiparando la gravedad de ambos fenómenos, y quiero dejarlo claro antes de que alguien me acuse de exagerar: una bala apaga una vida y una voz para siempre; una multa o un procedimiento administrativo, por opaco que sea, no. Pero me parece innegable que ambos comparten algo que debería inquietarnos por igual: los dos operan sobre el mismo bien público, la posibilidad de que la sociedad reciba información libre e independiente, y los dos se alimentan de la misma fórmula, que alguien decida qué se puede decir y qué no, con la certeza de que nadie va a detenerlo. En un extremo, el crimen organizado y la corrupción local deciden a balazos quién puede seguir informando en su territorio. En el otro, un órgano regulador con vínculos directos al Ejecutivo se reserva, en última instancia, la potestad de calificar qué información es verdadera.
México no necesita elegir entre estos dos frentes para preocuparse: los necesita enfrentar a ambos al mismo tiempo, y creo que ahí está el error de fondo en el que solemos caer como sociedad, el de indignarnos selectivamente según de qué lado del espectro político venga la amenaza. Proteger de verdad a quienes ejercen el periodismo en las zonas más peligrosas del país —con medidas que no se retiren justo antes de que ocurra la tragedia— es tan urgente como diseñar cualquier regulación sobre medios con controles verdaderamente independientes del gobierno en turno, sea cual sea su color. Porque una prensa libre que sobrevive a las balas pero termina sometida a que el Estado decida qué es verdad, no es una prensa libre: es una prensa que simplemente cambió de amenaza, y a esta la vistieron con el lenguaje reconfortante de la protección al público.