Cobros excesivos, amenazas y un ejercicio autoritario del cargo forman parte de las acusaciones que hoy pesan sobre Diego Rivera Navarro. Lejos de tratarse de hechos aislados, los señalamientos describen un patrón de gobierno marcado por la extorsión y el uso del poder municipal como herramienta de presión.
Con el avance de las investigaciones contra el alcalde de Tequila, han comenzado a emerger con mayor nitidez los rasgos de su forma de gobernar. Con él se cumple de «mejor que te teman a que te amen». De acuerdo con denuncias recabadas por autoridades y medios nacionales, el ejercicio del poder municipal estuvo acompañado de prácticas reiteradas de intimidación, cobros irregulares y amenazas dirigidas a ciudadanos, comerciantes y actores económicos del municipio.
Las acusaciones describen un clima en el que la autoridad local dejaba de ser garante del orden para convertirse en un factor de presión constante, donde el cumplimiento de la ley parecía depender de la cercanía o sumisión al gobierno municipal.
Cobraba como extorsionador
Uno de los señalamientos centrales contra Rivera Navarro es la imposición de cobros considerados arbitrarios o desproporcionados, presuntamente utilizados como mecanismo de control. Empresarios y comerciantes denunciaron que estos pagos no respondían a criterios técnicos ni administrativos claros, sino a decisiones discrecionales desde el ayuntamiento.
Este tipo de prácticas, según las investigaciones, habrían sido acompañadas de advertencias veladas o abiertas sobre posibles represalias administrativas en caso de resistencia, configurando un esquema de extorsión desde el aparato municipal.
Además de los cobros, diversas denuncias refieren un trato sistemáticamente prepotente por parte del alcalde y su entorno cercano. Las amenazas, lejos de ser excepcionales, habrían formado parte del modo habitual de relación entre el gobierno local y quienes dependían de permisos, licencias o resoluciones municipales.
Este comportamiento no solo afectó a particulares, sino que también generó tensiones con actores políticos y sociales del propio municipio, debilitando los canales institucionales y sustituyéndolos por relaciones de fuerza.
Se volvió cotidiano
Uno de los elementos más preocupantes del caso es la aparente normalización de estas prácticas durante la gestión de Rivera Navarro. De acuerdo con los señalamientos, el esquema habría operado durante un periodo prolongado sin que existieran contrapesos efectivos, lo que permitió que el abuso de poder se consolidara como una forma ordinaria de gobierno.
Este contexto explica por qué las autoridades investigan los hechos no como incidentes aislados, sino como parte de una conducta sistemática que ahora es analizada en el marco de operativos más amplios contra la corrupción municipal.
Las consecuencias de este estilo de gobierno se reflejan en el deterioro de la confianza ciudadana (con esto, definitivamente se debilita la imagen de MORENA) y en el daño institucional al municipio. Tequila, un referente nacional por su valor histórico y económico, quedó expuesto a una gestión que, según las acusaciones, priorizó el control y la coerción sobre el servicio público.
[…] refuerza la hipótesis de un patrón de conducta en el ejercicio del cargo, lo que dijimos en el artículo anterior: la actitud de […]