La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al PRI eliminar publicaciones en las que calificaba a Morena como «narcopartido» y «narcogobierno». La decisión, promovida tras una denuncia del propio Morena, ha generado un intenso debate sobre los límites entre la protección frente a la calumnia y la libertad de expresión en el debate político.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió el pasado 29 de julio conceder medidas cautelares solicitadas por Morena contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ordenando el retiro de diversas publicaciones en redes sociales que vinculaban al partido oficialista con el narcotráfico.
Según el comunicado oficial del INE, las expresiones objeto de la controversia incluían términos como «narcogobierno», «narcopropagandista», «narcopolíticos», «narcodictadura», «Cártel de Morena» y «narcopartido». La Comisión consideró, de manera preliminar, que dichas publicaciones podrían constituir la imputación de delitos sin sustento suficiente, por lo que ordenó retirar cinco publicaciones realizadas por Alejandro Moreno y cuatro publicaciones difundidas desde las cuentas oficiales del PRI.
Al mismo tiempo, el INE rechazó la llamada «tutela preventiva» solicitada por Morena para impedir futuras expresiones similares, al considerar que dicha petición se basaba en hechos futuros e inciertos.
¿Protección contra la calumnia o restricción al debate político?
La resolución ha abierto un debate de fondo que trasciende a los partidos involucrados.
En una democracia, la protección del honor de las personas y de las instituciones es un interés legítimo. La legislación electoral mexicana contempla mecanismos para impedir que durante los procesos electorales se difundan imputaciones falsas de delitos sin elementos que las respalden.
Sin embargo, también existe otro principio fundamental: la libertad de expresión, especialmente cuando se trata del debate político.
Las campañas electorales suelen caracterizarse por un lenguaje duro, acusaciones recíprocas y calificativos despectivos entre adversarios. En ese contexto, diversos sectores cuestionan si ordenar la eliminación de publicaciones constituye una medida proporcional o si corre el riesgo de inhibir la crítica política.
Un debate sobre la aplicación uniforme de las reglas
La polémica también ha girado alrededor de la percepción de un trato desigual.
Durante años, dirigentes y simpatizantes de Morena han utilizado expresiones como «PRIAN», «conservadores», «corruptos», «neoliberales», «fachos» o «vendepatrias» para referirse a sus adversarios políticos dentro del debate público.
Quienes cuestionan la resolución sostienen que, si ese tipo de calificativos ha sido considerado parte del intercambio político, resulta legítimo preguntarse por qué en este caso la autoridad electoral decidió intervenir cuando el señalamiento fue dirigido hacia Morena.
Esa percepción de un posible doble estándar es precisamente lo que ha alimentado buena parte de la discusión pública tras conocerse la decisión del INE.
La diferencia jurídica
No obstante, también existe una diferencia relevante desde el punto de vista legal.
Llamar a un adversario «facho», «corrupto» o «PRIAN» suele interpretarse como una opinión o un calificativo político.
En cambio, afirmar que un partido es un «cártel», un «narcopartido» o atribuirle vínculos concretos con organizaciones criminales puede ser interpretado como la imputación de hechos o delitos específicos, lo que explica el razonamiento preliminar adoptado por la Comisión de Quejas.
Eso no significa que la discusión esté cerrada. De hecho, el propio PRI anunció que impugnará la decisión ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, donde se analizará si las medidas cautelares respetan el equilibrio entre la protección frente a la calumnia y la libertad de expresión.
Una discusión que va más allá de Morena y del PRI
Más allá de las simpatías partidistas, este caso plantea una pregunta relevante para cualquier democracia:
¿Hasta dónde puede llegar la autoridad electoral al ordenar la eliminación de mensajes políticos sin afectar el derecho de los ciudadanos y de los partidos a expresar críticas severas contra quienes ejercen el poder?
El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita combatir la difusión deliberada de hechos falsos sin convertir a las autoridades electorales en árbitros del discurso político cotidiano.
Porque, en una democracia sólida, la protección de la reputación y la defensa de la libertad de expresión no deberían verse como derechos incompatibles, sino como principios que deben coexistir bajo reglas claras y aplicadas con el mismo criterio para todos.
Y a todo esto, deleitémonos con algunas de las formas en que NO llamaremos a MORENA «narcopartido».