El gobernador de Sinaloa se separa del cargo mientras avanza la investigación, niega los cargos y acusa un intento de golpear a MORENA.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo la noche del viernes, en medio de la crisis política desatada por la acusación de narcotráfico presentada en su contra por autoridades de Estados Unidos.
La decisión fue confirmada tras un mensaje público emitido cerca de las 11 p.m., en el que el propio mandatario anunció su separación del cargo mientras se desarrolla el proceso de investigación. La medida también fue reportada por Reuters, que citó la salida como parte de la reacción inmediata al escándalo internacional.
La licencia, según explicó, tiene como objetivo facilitar las investigaciones y permitir que las autoridades actúen sin interferencias políticas.
“Tengo la conciencia tranquila”
En su mensaje, Rocha Moya negó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trata de señalamientos falsos.
A continuación, sus palabras clave:
“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”.
El gobernador también afirmó que su trayectoria respalda su inocencia y sostuvo que enfrentará el proceso con firmeza cuando las autoridades lo requieran.
Además, introdujo un elemento político en su defensa, al señalar que no permitirá que su caso sea utilizado para afectar al movimiento al que pertenece:
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”.
Licencia para “facilitar la investigación”
Rocha Moya justificó su salida como una decisión institucional, no como una admisión de responsabilidad.
“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación, lo hago desde mi profunda convicción republicana”.
Añadió que su decisión busca facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso en curso.
La medida ocurre en un contexto de fuerte presión internacional. Estados Unidos ya acusó formalmente al gobernador y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno mexicano ha cuestionado las pruebas y ha ralentizado el proceso de extradición.