El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas, en un caso que sacude directamente a MORENA y abre una nueva crisis diplomática entre Washington y México.
La acusación fue presentada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton; y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole. Según el comunicado oficial, Rocha Moya y los demás señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político.
Entre los acusados también aparecen Enrique Inzunza Cázarez, senador de MORENA y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, Dámaso Castro Saavedra, funcionario de la fiscalía estatal, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
“Los Chapitos”, sobornos y apoyo político
La parte más grave de la acusación es política. Estados Unidos sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo de “Los Chapitos”, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante la elección de 2021. Las autoridades estadounidenses afirman que miembros del grupo criminal habrían intimidado rivales, robado urnas y operado para favorecer su llegada al gobierno estatal.
A cambio, según la acusación, Rocha y otros funcionarios habrían ofrecido protección para las operaciones del cártel. La DEA también señala que funcionarios de seguridad habrían recibido pagos mensuales para advertir al grupo criminal sobre operativos o facilitar el control territorial en Culiacán.
La gravedad del expediente no es menor. Los delitos imputados pueden implicar penas mínimas de 40 años de prisión y, en algunos casos, cadena perpetua.
México cuestiona las pruebas
El gobierno mexicano no negó que exista la acusación ni que Estados Unidos haya solicitado la extradición. Lo que sí cuestionó fue la solidez del expediente. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió las solicitudes de extradición, pero aseguró que los documentos enviados por la Embajada estadounidense no contienen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados.
Claudia Sheinbaum también salió en defensa del gobernador morenista y pidió “pruebas contundentes e irrefutables”. Además, afirmó que si no existen pruebas claras, las imputaciones tendrían un objetivo político.
Rocha Moya rechazó las acusaciones, descartó renunciar y aseguró que no tiene “nada que temer”. Sin embargo, el caso ya representa uno de los señalamientos más duros de Estados Unidos contra un gobernador mexicano en funciones, no solo por narcotráfico, sino por una presunta alianza entre poder político, estructuras de seguridad y crimen organizado.
La realidad es esta: Estados Unidos sí acusa de narco a Rocha Moya. Lo que ahora estáa por verse es si México permitirá que el caso avance judicialmente o si la defensa de la “soberanía” será usada como muro político para frenar una investigación que apunta al corazón de MORENA en Sinaloa.