Durante sus declaraciones, Claudia Sheinbaum defendió la idea de que los jueces también deben estar sujetos a mecanismos de control ciudadano, en línea con la narrativa de la llamada “transformación” impulsada por MORENA. Según la mandataria, esta medida abriría la puerta a que la ciudadanía evalúe el desempeño de los impartidores de justicia.
Sin embargo, especialistas y sectores jurídicos han advertido que trasladar la lógica de revocación de mandato al Poder Judicial podría desnaturalizar su función, ya que los jueces no están llamados a responder a mayorías, sino a la ley y a la Constitución.
Riesgos para la independencia judicial
La propuesta ha generado preocupación porque podría convertir decisiones judiciales en actos sujetos a presión política o popular. En sistemas democráticos, la independencia judicial es un principio clave para evitar que los jueces fallen en función de intereses políticos, mediáticos o electorales.
Abrir la puerta a la revocación podría incentivar resoluciones complacientes con el poder o con la opinión pública dominante, debilitando el Estado de derecho. En lugar de jueces imparciales, el riesgo es terminar con jueces condicionados por el temor a ser removidos.
El planteamiento de Claudia Sheinbaum no es menor. Implica replantear el equilibrio entre poderes en México, en un contexto donde el Ejecutivo ha buscado constantemente ampliar su influencia sobre otras instituciones.
Más allá del discurso de participación ciudadana, la discusión de fondo es si un sistema de justicia puede mantenerse sólido cuando sus jueces dependen, directa o indirectamente, del respaldo popular o político.
La pregunta no es solo jurídica, es estructural. ¿Puede haber justicia imparcial si quienes la imparten están sujetos a la lógica del poder?