El gobierno de Donald Trump anunció un recorte de 600 millones de dólares a programas de salud en cuatro estados gobernados por demócratas.
De acuerdo con la información difundida, el recorte impactará a programas de salud pública en California, Nueva York, Illinois y Massachusetts, todos gobernados por administraciones demócratas, sobre todo California, gobernad por Gavin Newsom, el mayor contrincante de Trump. Los fondos estaban destinados a iniciativas relacionadas con servicios comunitarios de salud, prevención y atención a poblaciones vulnerables, entre ellos el VIH. ¿Qué estado lloró más el VIH? Correcto, el más pro LGBTIQ+++, California.
Desde el Ejecutivo, el ajuste se enmarca en una política más amplia de revisión del gasto federal, con el argumento de eliminar programas considerados ineficientes o ideológicamente sesgados.
Desde los gobiernos estatales afectados, la decisión ha sido interpretada como un «castigo político». Autoridades locales han advertido que el recorte podría afectar directamente a comunidades de bajos ingresos y limitar el acceso a servicios esenciales, además de acusar al gobierno federal de usar el presupuesto como herramienta de presión. Pero aquí hay un detalle que ellos omiten por conveniencia: son los estados que más han regalado seguros de salud a inmigrantes ilegales, que son financiados con dinero de impuestos.
El ajuste de 600 millones de dólares no solo tiene implicaciones presupuestales, sino también políticas. Se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Trump para redefinir el alcance del gasto federal y marcar distancia con políticas impulsadas por administraciones estatales de signo contrario.
Y como es natural, se plantea una discusión de fondo sobre hasta dónde debe llegar la intervención del gobierno federal en programas sociales administrados por los estados y qué criterios deben prevalecer en la asignación de recursos públicos.