La presidente Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y combatir la impunidad.
La propuesta contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, 52 artículos, 21 agravantes y una definición ampliada del delito basada en nueve “razones de género”, como violencia sexual, antecedentes de abuso o relaciones de poder.
Además, establece que todas las fiscalías deberán investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis de feminicidio, con protocolos obligatorios a nivel nacional.
Pero sobre el resto de problemas, nada
El discurso oficial plantea que el feminicidio es una prioridad nacional y una violación grave de derechos humanos que requiere una respuesta estructural del Estado.
Sin embargo, esta iniciativa se presenta en un contexto donde la violencia en México no se limita a un solo tipo de víctima, en buen cristiano, no solo mueren mujeres. A los hombres los matan mucho más pero dejaron hasta de hacer estadísticas sobre sus muertes porque para este sistema ginocentrista, solo la muerte de las mujeres importa.
El país enfrenta una expansión sostenida del crimen organizado, con fenómenos como el sicariato, la extorsión y el control territorial por parte de grupos criminales que afectan a toda la población.
Incluso el propio gobierno ha reconocido que delitos como la extorsión han crecido en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales problemas de seguridad.
La nueva ley refuerza una lógica que ha predominado en los últimos años: segmentar la violencia en categorías específicas, en lugar de abordar el fenómeno criminal de manera integral.
El feminicidio, por definición legal, implica que el asesinato ocurre por el hecho de ser mujer, bajo condiciones de violencia de género.
Pero en la práctica, la mayoría de los homicidios en México están vinculados a dinámicas como el crimen organizado, disputas territoriales o economías ilícitas, donde las víctimas, en su gran mayoría, son hombres.
Este punto rara vez se coloca en el centro del debate público, porque estaríamos chocando, posiblemente, con aquellos que financian las campañas de políticos que luego salen a decir «abrazos, no balazos» para los delincuentes.
¿Dónde quedan las otras víctimas?
La pregunta de fondo no es si el feminicidio debe castigarse con severidad, eso es evidente. El problema es la jerarquización política de la violencia. Cuando el Estado construye políticas públicas centradas en una sola categoría, corre el riesgo de invisibilizar otras realidades igual o más extendidas. Y Ernestina Godoy, desde que entró, prometió que se «centraría» en la reducción de feminicidios. ¿Para eso le pagamos con nuestros impuestos a la Fiscal General de la República?
En México, miles de hombres mueren cada año en contextos de violencia extrema, muchas veces sin el mismo nivel de atención mediática, política o legislativa. Esto no significa negar la violencia contra la mujer, sino reconocer que el fenómeno de la violencia es más amplio y complejo que una sola narrativa.