Estamos un tanto en desacuerdo, pero la presidente tomó distancia del caso Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por presuntos vínculos criminales, y aseguró que su gobierno no protegerá a funcionarios involucrados en delitos ni permitirá que un partido político sirva de cobertura para la ilegalidad.
Durante su conferencia matutina de este 6 de febrero, la presidente Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, militante de MORENA, investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. La mandataria afirmó que su administración no encubrirá a ningún funcionario señalado por delitos y subrayó que ningún cargo público ni fuerza política puede convertirse en un “paraguas para delinquir”.
Sheinbaum sostuvo que, cuando existen investigaciones formales y elementos suficientes, las autoridades deben actuar conforme a la ley, sin importar el partido al que pertenezca la persona involucrada. En ese sentido, señaló que su gobierno respalda las acciones de las fiscalías y que no habrá protección política para quienes utilicen el poder público con fines criminales.
El drama de Rivera Navarro
El caso de Diego Rivera Navarro escaló a la agenda nacional tras su detención, en medio de señalamientos que lo vinculan con redes criminales que operan en la región de Tequila, Jalisco. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las investigaciones apuntan a un presunto uso indebido del cargo para facilitar actividades ilícitas, así como a una relación irregular entre autoridades municipales y grupos delictivos.
La situación ha puesto bajo escrutinio a uno de los municipios más emblemáticos del estado, no solo por su peso económico y simbólico, sino por lo que el caso revela sobre la fragilidad de los gobiernos locales frente a la infiltración criminal. Las indagatorias continúan abiertas y las autoridades han señalado que el proceso legal seguirá su curso conforme a derecho.
Sheinbaum señaló que el proyecto político que encabeza está ligado al combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que cualquier militante de MORENA que viole la ley deberá asumir las consecuencias legales correspondientes. El mensaje, insistió, no es retórico, sino una postura que debe reflejarse en hechos y en la actuación de las instituciones.