Mientras la 4T habla de modernización y ahorro, sabemos que la reforma electoral que se discute para 2026 podría reconfigurar el equilibrio institucional del país.
Esta reforma, que se perfila para discutirse y eventualmente aprobarse en febrero de 2026, ha vuelto a encender un debate de fondo sobre el rumbo democrático de México. Más allá de los slogans sobre austeridad republicana y eficiencia, el tema ha sido abordado desde enfoques muy distintos, reflejando no solo diferencias editoriales, sino visiones opuestas sobre el poder, las instituciones y el momento político que vive el país.
Qué dice la 4T y sus aliados
Desde una posición claramente favorable, El Heraldo de México ha defendido la necesidad de una reforma electoral bajo el argumento de que el sistema actual es costoso, rígido y poco funcional. En su análisis, el medio sostiene que actualizar las reglas electorales permitiría fortalecer la democracia, hacer más eficiente el uso de recursos públicos y acercar los procesos a la ciudadanía.
Este enfoque se enfoca en la idea de que las instituciones electorales han crecido en exceso y que una revisión de su estructura no solo es válida, sino necesaria. Para esta postura, la reforma no implicaría un retroceso democrático, sino una corrección de rumbo frente a un modelo que, con el paso del tiempo, habría perdido legitimidad social.
Los «estratégicos»
Un tono distinto aparece en la cobertura de Infobae y otros medios (que además suelen ser bastante progresistas), que pone el foco en el momento político en el que se impulsa la reforma. Ricardo Monreal señaló en una entrevista para Infobae, que la iniciativa podría aprobarse en febrero de 2026, un dato que no pasa desapercibido en un contexto preelectoral.
Este enfoque subraya el riesgo de modificar las reglas del sistema electoral cuando el país se aproxima a nuevos procesos. Incluso una reforma técnicamente defendible puede generar desconfianza si se percibe como una jugada política diseñada desde el poder.
También hay izquierda crítica
Por su parte, La Jornada adopta una postura más escéptica, pero desde una lógica distinta a la de la oposición tradicional, porque como hemos reportado anteriormente, el Verde y el PT no están fascinados con la reforma, sobre todo el PVEM. Este diario zurdo recuerda que las instituciones electorales actuales son producto de «décadas de lucha contra el autoritarismo, el fraude y la concentración del poder».
Desde esta óptica, el problema no es solo el costo del sistema electoral, sino el riesgo de debilitar contrapesos que han sido fundamentales para garantizar elecciones competitivas, porque enfrentémoslo: MORENA es básicamente el PRI pero en guinda; y sin los pluris, va a ser el PRI que tanto criticaban. La preocupación central es que, bajo el discurso de la reforma, se abra la puerta a una mayor injerencia política en órganos que deberían mantenerse autónomos.
Aunque los argumentos varían, hay un punto que atraviesa todas las posturas: la confianza ciudadana, que normalmente está con la 4T. La credibilidad de los procesos electorales no depende únicamente de leyes o presupuestos, sino de la percepción de imparcialidad. Cualquier cambio que genere dudas sobre la independencia del árbitro electoral puede tener efectos más profundos que los que reconoce el discurso oficial.
La discusión sobre la reforma electoral no es solo técnica ni administrativa, sino una discusión sobre el equilibrio del poder y sobre qué tipo de democracia quiere consolidar México en los próximos años.