El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, adquirió dos camionetas blindadas de lujo de la propia Corte por un monto aproximado de 2.4 millones de pesos, poco antes de dejar su cargo.
Compra antes de retirarse
Según documentos oficiales, las adquisiciones se realizaron días antes de concluir su encargo como ministro. Pérez Dayán compró dos unidades Jeep Grand Cherokee blindadas, ambas con blindaje de alta resistencia y en óptimas condiciones, según avalúos técnicos que contrastan con el precio original de mercado.
Las camionetas adquiridas tenían kilometraje bajo y blindaje certificado, características que normalmente elevarían su costo, pero el exministro las compró legalmente a la Corte por alrededor del 50% de su precio original, gracias a un acuerdo interno vigente desde 2013 que permite a los ministros retirados adquirir vehículos asignados para uso oficial.
La transferencia de estos vehículos se realizó bajo el amparo de un acuerdo administrativo de la propia SCJN que, desde 2013, otorga a los ministros en retiro la opción de adquirir los vehículos que se les asignaron durante su servicio, dentro de los 30 días previos a dejar el cargo.
Este marco legal, aunque vigente, ha desatado debate debido a que dichas camionetas habían sido compradas originalmente por el tribunal con recursos públicos, y ahora salen del patrimonio de la institución a precios preferenciales para los exfuncionarios.
Pongámonos en contexto
La polémica no se limita a Pérez Dayán. Recientemente, la Corte estuvo en el centro de la discusión pública por la adquisición de varias camionetas blindadas nuevas para sus ministros; vehículos que, ante la presión ciudadana, fueron declarados como no utilizados y destinados a devolución o reasignación.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la compra señalando que el parque vehicular estaba en mal estado y que la decisión de desincorporar o devolver vehículos forma parte de las medidas de austeridad y seguridad institucional.
Las compras y transferencias de camionetas blindadas han generado cuestionamientos tanto de la sociedad como de actores políticos, argumentando que funcionarios públicos no deberían obtener ventajas económicas de bienes adquiridos con fondos públicos, más aún cuando se trata de bienes de lujo como vehículos blindados.