La Fiscalía General de la República (FGR) alista una nueva acusación por peculado contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, ahora por un presunto desvío de 5 millones de pesos, lo que prolonga y complica aún más su situación jurídica.
La FGR presentará una acusación por el delito de peculado, relacionada con un presunto desvío de recursos públicos por 5 millones de pesos. El expediente se integra en el fuero federal y se suma al historial de señalamientos por corrupción que ha acompañado a Duarte desde que dejó la gubernatura de Veracruz.
El caso refuerza la narrativa de desvío sistemático de recursos durante su administración, uno de los periodos más cuestionados en materia de corrupción a nivel estatal en México.
La audiencia en el Reclusorio Norte
Estaba prevista una audiencia este lunes en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, como parte de este nuevo caso. La diligencia se difirió para el jueves 12 de febrero de 2026, luego de que no se presentaran los abogados defensores del exgobernador. El aplazamiento retrasa la definición sobre la judicialización formal de la acusación y las eventuales medidas cautelares que podrían derivarse.
Contexto judicial de Javier Duarte
Javier Duarte se encuentra en prisión y recientemente una jueza rechazó concederle la libertad anticipada, por lo que permanece recluido mientras enfrenta diversos procesos. Su caso se ha convertido en un símbolo de la corrupción política en México, en especial por el tamaño de los desvíos imputados y el impacto en las finanzas y servicios públicos de Veracruz.
La nueva acusación por peculado se suma al entramado de causas que han impedido que el exmandatario abandone la cárcel, pese a intentos de la defensa por obtener beneficios penitenciarios.
El jueves 12 de febrero de 2026 será clave para conocer si el juez admite plenamente la nueva acusación de la FGR y qué ruta procesal seguirá el caso. De confirmarse la imputación, Duarte podría enfrentar nuevas consecuencias penales, mayores a las que ya acumula, al robustecerse el conjunto de delitos atribuibles a su administración como gobernador.