Una investigación de El Universal reveló que Efrén Calderón González, socio del entorno cercano a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, utilizó la marca “Bienestar” en un proyecto privado, a pesar de que oficialmente se había negado su uso para fines comerciales.
De acuerdo con el reportaje, las autoridades habían rechazado solicitudes para emplear esta marca, considerada un emblema del gobierno federal y de sus programas sociales. Sin embargo, la investigación documenta que un actor vinculado al círculo cercano del poder sí logró beneficiarse de ella, lo que abre cuestionamientos sobre trato preferencial.
Este tipo de inconsistencias no es menor. La marca “Bienestar” no es cualquier nombre comercial, sino uno de los pilares discursivos del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Su uso implica una asociación directa con programas públicos financiados con recursos del Estado, lo que debería impedir su aprovechamiento privado.
Otros antecedentes refuerzan la preocupación. Según análisis previos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el actual gobierno ha enfrentado múltiples señalamientos por conflictos de interés y redes de favoritismo dentro de su círculo cercano, particularmente en contratos, asignaciones directas y uso de recursos públicos.
Asimismo, investigaciones de Animal Político han documentado irregularidades en el manejo de programas sociales y el uso político de la narrativa del “Bienestar”, incluyendo la opacidad en la asignación de recursos y padrones de beneficiarios.
El contraste con el discurso oficial es evidente. Mientras el gobierno ha construido su legitimidad sobre la promesa de erradicar la corrupción y los privilegios del pasado, casos como este sugieren que las prácticas de favoritismo no solo persisten, sino que se reconfiguran dentro de nuevas élites políticas.
Más aún, el hecho de que el caso involucre a un entorno cercano a la familia presidencial eleva el nivel de gravedad. En cualquier sistema institucional sólido, este tipo de revelaciones detonaría investigaciones inmediatas, auditorías y deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, en México la reacción institucional suele ser limitada. Casos similares han terminado sin consecuencias claras, lo que alimenta la percepción de que existe una justicia diferenciada: dura con los adversarios, pero indulgente con los cercanos al poder.