México está al mando de un partido que se hace llamar «ecologista» y tiene claros tintes progresistas. Sin embarto, un informe encargado por la Comisión Europea alertó el desmantelamiento de instituciones y el enfoque en los combustibles contaminantes. La falta de certidumbre regulatoria, los cambios de reglas y la politización del sector energético están desincentivando la llegada de capital verde al país, justo cuando México enfrenta compromisos ambientales urgentes y visible contaminación sobre todo en la capital.
Inversión verde estancada
México atraviesa un momento crítico en materia de lo que El Universal llama «inversión ecológica». No ser ecologistas no implica estar a lo bruto, en contra de políticas que reduzcan visiblemente la contaminación ambiental, que además es palpable y visible. A pesar del interés de empresas nacionales y extranjeras por desarrollar proyectos de energías limpias, movilidad sustentable y tecnologías de reducción de emisiones, el entorno político y regulatorio se ha convertido en un obstáculo significativo para el crecimiento del sector.
El Universal publicó un análisis que señala que las decisiones gubernamentales en los últimos años han generado un clima de incertidumbre que afecta directamente la confianza de los inversionistas. Cambios constantes en las reglas del juego, retrasos administrativos y una clara preferencia por modelos energéticos estatistas han reducido la competitividad del país frente a otros mercados emergentes.
Cambios regulatorios y señales contradictorias
Uno de los principales problemas señalados por especialistas es la falta de coherencia en la política ambiental y energética. Mientras el discurso oficial habla de «transición ecológica» y combate al cambio climático, en la práctica se imponen barreras administrativas y legales a proyectos privados de energías renovables.
La cancelación o congelamiento de permisos, así como la revisión discrecional de contratos previamente autorizados, ha enviado señales negativas al mercado. Para los inversionistas, la ausencia de certeza jurídica implica mayores riesgos financieros y, en consecuencia, la reubicación de capital hacia países con marcos regulatorios más estables.
Este contexto ha provocado que México pierda terreno frente a economías que han apostado por facilitar la inversión verde como parte de su estrategia de crecimiento. Países de todo América y Asia han avanzado en la creación de incentivos fiscales, reglas claras y alianzas público privadas que atraen proyectos sustentables de gran escala.
En contraste, México enfrenta el riesgo de quedar rezagado en la carrera por la innovación ecológica, desaprovechando no solo recursos naturales estratégicos, sino también oportunidades de generación de empleo y transferencia tecnológica.
Impacto ambiental y económico de la falta de inversión
La ausencia de inversión ecológica no es un problema meramente financiero. Tiene consecuencias directas en la capacidad del país para reducir emisiones, modernizar su infraestructura energética y cumplir compromisos internacionales en materia ambiental.
Además, el estancamiento del sector verde limita el desarrollo de cadenas productivas asociadas, afecta la competitividad industrial y debilita la imagen de México como un socio confiable para proyectos de largo plazo.
Se debe revertir esta situación porque se requiere un cambio profundo en la forma en que el Estado concibe la inversión privada. La transición ecológica no puede sostenerse únicamente con recursos públicos ni con un enfoque ideológico que desconfía del capital.