La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció que enfrenta un intento de destitución mediante juicio político. Acusa una maniobra política para removerla del cargo en medio de tensiones locales y cuestionamientos sobre seguridad y gobernabilidad en el municipio michoacano.
La crisis política en Uruapan, Michoacán, escaló este fin de semana luego de que la alcaldesa Grecia Quiroz denunciara públicamente que existe un proceso en marcha para someterla a juicio político y eventualmente destituirla del cargo. Según su versión, la acción no responde a faltas graves en el ejercicio de sus funciones, sino a intereses políticos que buscan removerla del poder.
Grecia Quiroz sostiene que existe una intención de promover su destitución bajo el argumento de presuntas irregularidades en su administración. Sin embargo, la alcaldesa afirma que el proceso tiene motivaciones políticas y que forma parte de un intento por debilitar su gobierno.
El juicio político es un mecanismo constitucional previsto para sancionar a funcionarios públicos por faltas graves en el desempeño de sus funciones, pero su utilización se vuelve polémica cuando coincide con conflictos partidistas o rupturas internas.
Y Michoacán es un pandemonio…
Uruapan no es un municipio cualquiera. Es uno de los más importantes de Michoacán, tanto por su peso económico como por su ubicación estratégica en una entidad que ha enfrentado durante años la presencia de grupos criminales y una compleja realidad de seguridad.
En ese contexto, cualquier movimiento político adquiere mayor gravedad. La destitución de un alcalde no solo es un asunto administrativo, sino que puede impactar la estabilidad institucional local.
Además, en Michoacán los juicios políticos han sido históricamente instrumentos de fuerte confrontación entre fuerzas políticas, lo que vuelve necesario analizar si este proceso está sustentado en pruebas sólidas o en disputas de poder.
Puede ser un ajuste de cuentas
El punto central es si existen fundamentos jurídicos suficientes para justificar un juicio político. Este mecanismo no puede utilizarse como herramienta de presión o revancha.
Si hay faltas graves, deben probarse con transparencia, debido proceso y garantías legales. Pero si el procedimiento se convierte en un atajo para desplazar adversarios incómodos, el precedente sería preocupante.
Destituir a un alcalde no es un trámite menor. Implica alterar el mandato otorgado por los ciudadanos y modificar la voluntad popular expresada en las urnas. Seguiremos informando.