La Comisión de Salud del Congreso de Guanajuato desechó una iniciativa impulsada por MORENA que buscaba convertir el aborto en un servicio básico de salud, pese a la presión política y judicial derivada de resoluciones de la Suprema Corte.
Aborto fracasa (otra vez) en Guanajuato
La Comisión de Salud del Congreso de Guanajuato rechazó una iniciativa que pretendía clasificar el aborto como un servicio básico de salud dentro del sistema estatal. La propuesta, promovida por legisladoras de MORENA, retomaba proyectos prácticamente idénticos a los discutidos y archivados en mayo de 2025, lo que llevó a los integrantes de la comisión a concluir que no existían elementos nuevos que justificaran su reapertura.
El dictamen fue desechado con una votación de tres votos a favor y dos en contra, lo que impidió que el proyecto avanzara al pleno del Congreso. La decisión reafirma a Guanajuato como una de las entidades que, hasta ahora, ha resistido con mayor claridad los intentos de imponer la despenalización del aborto por la vía legislativa indirecta.
Aborto no es salud
El núcleo de la iniciativa consistía en redefinir el aborto no solo como una conducta despenalizada, sino como una prestación obligatoria del sistema de salud pública. Este enfoque, utilizado de forma recurrente por legisladores de MORENA en distintos estados, busca cerrar el debate ético y jurídico al presentar el aborto como una política sanitaria incuestionable.
Sin embargo, los legisladores que votaron a favor del desechamiento advirtieron que esta narrativa elimina deliberadamente la discusión sobre el derecho a la vida y fuerza una reinterpretación del marco legal local, sin que exista un mandato constitucional explícito que obligue a los congresos estatales a adoptar esa postura.
La votación
El rechazo fue respaldado por diputadas del PAN y del PVEM, entre ellas Luz Itzel Mendo González, quien subrayó públicamente que su postura en defensa de la vida no cambiará, aun frente a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La legisladora reconoció el criterio del máximo tribunal, pero dejó claro que este no sustituye la responsabilidad del Congreso local de legislar conforme a su marco constitucional.
Desde el PRI, la diputada Rocío Cervantes Barba adelantó que votará en contra de cualquier intento de despenalización del aborto en la entidad, reforzando un bloque legislativo que, por ahora, ha logrado frenar el avance de estas iniciativas.
En contraste, los votos en contra del dictamen provinieron de legisladores de MORENA, quienes sostienen que la despenalización es una consecuencia obligada de los criterios judiciales recientes y que los congresos locales deben armonizar su legislación sin resistencia.
MORENA anticipa nuevos proyectos “alineados” con la Corte
Pese al revés legislativo, el debate está lejos de cerrarse. La diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, informó que presentará próximamente una nueva iniciativa que, según dijo, se apegará “exclusivamente” a lo resuelto por la Suprema Corte, una fórmula que busca reducir el margen de maniobra del Congreso local.
Además, la LXVI Legislatura mantiene en trámite otras dos propuestas promovidas por legisladoras de MORENA, lo que confirma que Guanajuato seguirá siendo un objetivo prioritario dentro de la estrategia nacional para avanzar en la despenalización del aborto.
El rechazo de esta iniciativa no solo tiene efectos locales. En el contexto nacional, Guanajuato se ha convertido en un símbolo de resistencia legislativa frente a la presión combinada del activismo político, el Ejecutivo federal y los criterios judiciales.
La decisión de la Comisión de Salud envía un mensaje claro: mientras no exista una reforma constitucional expresa, los congresos estatales conservan la facultad de deliberar y rechazar proyectos que pretendan imponer el aborto como política pública obligatoria bajo el disfraz de un “servicio de salud”.