El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha dejado claro que la nueva fase de la lucha contra el narcotráfico no se librará solo en las calles ni en las fronteras, sino en el sistema financiero. La estrategia apunta directamente al corazón del poder de los cárteles: el dinero.
La lógica es simple, pero contundente: sin recursos, las organizaciones criminales pierden capacidad de corrupción, reclutamiento, expansión territorial y violencia. Bajo esta premisa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los operadores financieros que lavan, mueven y protegen las fortunas del narcotráfico.
El dinero es el núcleo del crimen
Durante años, la lucha contra los cárteles se concentró en la captura de capos, el decomiso de drogas y los operativos armados. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estas acciones, aunque necesarias, son insuficientes si no se desmantelan las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado.
Las autoridades estadounidenses reconocen que los cárteles funcionan como corporaciones criminales transnacionales, con esquemas financieros complejos que incluyen empresas fachada, criptomonedas, transferencias internacionales, casas de cambio, bancos informales y redes de prestanombres. En muchos casos, estas estructuras resultan más difíciles de rastrear que los propios cargamentos de droga.
El nuevo enfoque pone el foco en contadores, intermediarios, abogados, empresarios y facilitadores que, sin portar armas ni aparecer en videos violentos, hacen posible que los cárteles sigan operando. Vean un ejemplo rápido y simple: Maduro. Dieron con su fortuna siguiendo la ruta del dinero. Realmente el “follow the money“ funciona muy bien. Son ellos quienes convierten el dinero ilícito en capital “limpio”, lo insertan en la economía formal y lo protegen de sanciones y decomisos. En algunos países les dicen “testaferros“.
Para Washington, estos operadores son tan estratégicos como los líderes criminales. Cortarles el acceso al sistema financiero equivale a paralizar operaciones, romper alianzas y generar conflictos internos dentro de las propias organizaciones criminales.
Coordinación internacional y presión política
Esta ofensiva financiera no se limita al territorio estadounidense. El gobierno de EE.UU. está reforzando la cooperación con otros países, especialmente en América Latina, para intercambiar información bancaria, rastrear flujos de dinero y cerrar espacios de impunidad.
El mensaje implícito es también político: los gobiernos que no colaboren en la persecución del lavado de dinero corren el riesgo de convertirse en refugios financieros del narcotráfico. En ese sentido, la presión no solo recae sobre criminales, sino también sobre sistemas bancarios débiles, autoridades corruptas y marcos regulatorios (demasiado) permisivos.
A diferencia de los operativos armados, el combate financiero tiene un efecto menos visible, pero potencialmente más devastador. Congelar cuentas, decomisar bienes y bloquear transacciones debilita a los cárteles sin generar los niveles de violencia que suelen acompañar a las confrontaciones directas.