La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, destapó una red de delitos que va mucho más allá de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República investiga secuestros, extorsiones y el uso del aparato municipal para imponer control político y económico desde al menos 2021.
Uno de los elementos más delicados del expediente es el testimonio de un excandidato de MORENA a la presidencia municipal de Tequila, quien declaró haber sido “levantado” y obligado, bajo amenazas y violencia, a firmar su renuncia para despejar el camino político de Rivera Navarro.
El “levantón” de 2021
Según consta en la carpeta de investigación, el 24 de marzo de 2021 el entonces candidato fue citado a un restaurante del municipio. Ahí, de acuerdo con su testimonio, ingresaron Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villareal, acompañados de hombres armados.
El candidato relata que fue subido a la fuerza a una camioneta, esposado, con un arma apuntándole a la cabeza y trasladado durante varios minutos con el rostro cubierto. Posteriormente fue llevado a una casa de seguridad, donde comenzó una serie de amenazas directas para obligarlo a desistir de su candidatura.
El mensaje era claro: debía firmar su renuncia de inmediato y llamar a su suplente para que hiciera lo mismo. Ambos terminaron retenidos en el mismo lugar, golpeados y presionados hasta que aceptaron firmar los documentos que posteriormente fueron entregados al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
La renuncia quedó oficialmente registrada ese mismo día, se logró el cometido.
El denunciante reconoce que no acudió antes a las autoridades por temor a represalias contra él y su familia. Solo hasta ahora, con la detención de varios funcionarios municipales y el avance de la investigación federal, decidió declarar formalmente ante la FGR.
El expediente señala que las víctimas aparecen con identidad reservada y que el patrón de intimidación fue sistemático, no aislado.
Funcionarios clave enviados a El Altiplano
Tras la captura de Rivera Navarro, varios de sus colaboradores más cercanos fueron trasladados al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Entre ellos se encuentran Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila y Diego López Ibarra, además de otros funcionarios señalados por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Para la FGR, estos nombres no operaban de manera independiente, sino como parte de una estructura municipal al servicio de intereses criminales.
Extorsión a comerciantes: cuotas, amenazas y violencia
El caso del excandidato no es el único. La Fiscalía también documenta denuncias de comerciantes locales que describen un esquema de extorsión regular tras la llegada de Rivera Navarro a la presidencia municipal.
Uno de los testimonios señala que su negocio fue clausurado sin explicación y que funcionarios del ayuntamiento le exigieron un pago inicial de 50 mil pesos para reabrir, seguido de una cuota mensual de 20 mil pesos. La amenaza era explícita: quien no pagara enfrentaría nuevas clausuras o “las consecuencias”.
Cuando el comerciante no pudo cubrir una mensualidad por motivos familiares, fue golpeado por funcionarios municipales frente a policías, según su declaración.
MORENA bajo presión
El escándalo ha generado una fuerte presión política sobre MORENA, partido al que pertenecía Rivera Navarro. Desde el gobierno federal y la dirigencia partidista se ha intentado marcar distancia, insistiendo en que ningún cargo público puede ser “paraguas para delinquir”.
Sin embargo, el expediente revela que durante años el control territorial, la violencia y la intimidación operaron sin freno en uno de los municipios más emblemáticos de Jalisco.