El caso del ya arrestado alcalde Diego Rivera Navarro nos deja la cereza del pastel: de acuerdo con la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, el alcalde habría intentado privar ilegalmente de la libertad a un candidato opositor, un señalamiento que eleva el caso del terreno de la corrupción al de la violencia política.
Mientras avanzaban las investigaciones por presunta extorsión y abuso de poder, una nueva acusación colocó al alcalde de Tequila en el centro de una controversia aún mayor. La dirigencia del PAN en Jalisco aseguró públicamente que Diego Rivera Navarro intentó “levantar” (que significa secuestrar en el argot criminal mexicano) a un candidato de oposición.
El señalamiento, realizado por el presidente estatal del partido, marcó un punto de inflexión en la percepción del caso, al introducir la posibilidad de que el poder municipal hubiera sido utilizado no solo para intimidar, sino para ejercer violencia directa contra adversarios políticos.
Empujar a todos para llegar primero
De confirmarse, la acusación implicaría un salto cualitativo en la gravedad de los hechos. La violencia política, particularmente a nivel municipal, representa uno de los fenómenos más preocupantes en el país, al minar las condiciones mínimas de competencia democrática y poner en riesgo la integridad de quienes participan en procesos electorales.
El PAN sostuvo que el presunto intento de privación ilegal de la libertad no fue un episodio aislado, sino parte de un clima de hostigamiento hacia actores que resultaban incómodos para el gobierno municipal.
Tras hacerse pública la acusación, la exigencia central fue que las autoridades investigaran los hechos con profundidad y sin sesgos políticos. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución judicial que confirme o descarte formalmente esta imputación específica, pero el señalamiento ya forma parte del contexto que rodea la detención del alcalde.
La falta de una respuesta inmediata por parte de otros actores políticos también ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de los mecanismos de protección frente a la violencia política en el ámbito local.
Control por la fuerza
Este episodio refuerza una narrativa que atraviesa todas las acusaciones contra Rivera Navarro: el uso del cargo público como herramienta de control. Si en otros casos ese control se habría ejercido mediante cobros, amenazas o presiones administrativas, aquí el señalamiento apunta a un intento de imponerlo por la fuerza.
Para especialistas en temas electorales y de seguridad, este tipo de prácticas representan una de las expresiones más peligrosas del deterioro institucional en los municipios, donde la cercanía entre poder político, coerción y estructuras informales puede derivar en escenarios de alto riesgo.
La acusación de intento de “levantón” no ha sido juzgada en definitiva, pero su sola existencia ha elevado la atención sobre el caso del alcalde de Tequila. En conjunto con las demás investigaciones, el expediente dibuja un escenario que obliga a las autoridades a esclarecer no solo responsabilidades individuales, sino las condiciones que permitieron que estas prácticas presuntamente ocurrieran.
El desenlace judicial marcará si este episodio se convierte en un parteaguas contra la violencia política local o en otro caso más que se diluye entre acusaciones sin consecuencias.