El Banco del Bienestar, la institución financiera supuestamente creada con el objetivo de impulsar la inclusión económica de millones de mexicanos, enfrenta una profunda crisis de legalidad y operación, luego de que se revelara que más del 80% de sus sucursales no contaban con permisos ni escrituras de propiedad a nombre de la propia institución.
De acuerdo con un informe de El Universal, basado en el último reporte del Órgano Interno de Control realizado por el Banco del Bienestar, 84% de las instalaciones del banco (más de 3,700 sucursales) están en un “limbo jurídico”, ya que se construyeron o se encuentran en terrenos sin título de propiedad formal, lo que pone en riesgo la operatividad y el patrimonio de la institución y sus usuarios.
Una expansión sin bases legales claras
El Banco del Bienestar fue ideado por el gobierno federal como una red de sucursales capaz de atender a comunidades rurales y urbanas marginadas, ofreciendo servicios bancarios básicos, créditos y programas sociales.
Sin embargo, el crecimiento acelerado del banco fue acompañado por procesos administrativos deficientes, según revela el documento citado por El Universal. Muchas de las sucursales se edificaron sin adquirir legalmente los terrenos, o con contratos provisionales, lo que ha generado un estado de incertidumbre jurídica sobre miles de inmuebles que hoy funcionan como oficinas bancarias.
Especialistas en derecho y finanzas consultados por medios nacionales han advertido que la falta de títulos de propiedad puede traducirse en riesgo patrimonial para el Estado mexicano, que podría tener que enfrentar reclamaciones legales o incluso perder la posesión de bienes si no se regulariza su estatus.
El impacto para usuarios y para el sistema financiero
La irregularidad jurídica de las sucursales también podría afectar directamente a la clientela del Banco del Bienestar. Al tener presencia en zonas de alta marginación, muchas personas dependen de estas oficinas para retirar apoyos sociales, recibir transferencias o acceder a servicios financieros básicos por primera vez.
La falta de certeza legal sobre las instalaciones genera preocupación entre usuarios y especialistas, porque no solo es un problema administrativo, sino también un factor de riesgo para la confianza en la banca pública.Analistas han señalado que un banco que no tiene claridad sobre la propiedad de sus propias sucursales está expuesto a problemas operativos, contables y de inversión, lo que podría limitar su capacidad de ofrecer servicios de calidad.
¿Cómo se llegó a esta situación?
Según el informe, la mayoría de los problemas se deben a la falta de estudios de factibilidad, ausencia de procedimientos claros de adquisición de inmuebles y la aceleración de la expansión sin debida diligencia legal.
Se menciona que muchas de las sucursales fueron construidas en terrenos asignados temporalmente por gobiernos municipales o incluso cedidos por particulares, pero sin culminar los procesos de escrituración formal ante notarios y registros públicos.
Esta problemática ya había sido advertida por organismos de vigilancia y senadores de la República, que pidieron una revisión exhaustiva de la gestión del banco.
Reacciones y próximos pasos
Hasta ahora, autoridades del Banco del Bienestar han reconocido la necesidad de regularizar la situación de los inmuebles, y señalaron que están llevando a cabo procesos para revisar títulos y escrituras.
Sin embargo, no hay aún una fecha clara ni un plan público detallado para resolver el 84 % de la red de sucursales irregulares. La falta de transparencia en torno al avance de estas gestiones genera inquietud entre expertos y usuarios por igual.
Para el sector financiero y jurídico, este caso representa una advertencia sobre las consecuencias de una expansión institucional sin bases legales sólidas: no basta con abrir sucursales si no se construye un andamiaje jurídico que las respalde.