BTS Foto: Reuters | Archivo

La visita de BTS a México en 2026 no solo se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados del año, sino también en un asunto que alcanzó el plano político y diplomático. Ante la enorme demanda de boletos y la frustración de miles de seguidores que quedaron fuera, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Corea del Sur considerar la posibilidad de sumar más fechas del grupo en territorio mexicano. Las prioridades de la 4T más claras que nunca, ¿no?

Durante una mañanera, Sheinbaum confirmó que envió una carta al presidente surcoreano para expresar el interés del público mexicano y pedir su intervención como un canal de diálogo con la empresa que representa a BTS. La solicitud se dio después de que los conciertos anunciados para México se agotaran en tiempo récord, dejando fuera a una gran parte de los fans que intentaron adquirir entradas.

La presidente subrayó que se trata de una petición respetuosa, motivada por la magnitud del fenómeno cultural que BTS representa en México y por la clara evidencia de que la demanda supera ampliamente la oferta de fechas anunciadas.

Respuesta desde Corea del Sur

Según informó la propia Sheinbaum, el gobierno de Corea del Sur respondió a la carta y manifestó que ya se estableció contacto con la empresa promotora del grupo. Aunque no se ha confirmado oficialmente la apertura de nuevas fechas, la respuesta fue interpretada como una señal de disposición para analizar la solicitud.

Este intercambio llamó la atención por tratarse de un caso poco común en el que un gobierno interviene directamente, a nivel diplomático, para gestionar la ampliación de conciertos de una banda internacional.

La multa por el descontento de la «Army»

La petición de más conciertos se da en un contexto marcado por la polémica en la venta de boletos. Miles de consumidores presentaron quejas ante la autoridad por los altos precios y las fallas en el proceso de compra. Como resultado, la Procuraduría Federal del Consumidor impuso una multa superior a cinco millones de pesos a Ticketmaster, al considerar que hubo irregularidades en la información y en las condiciones de venta.

Este escenario reforzó la presión social para que se habiliten más fechas, no solo para satisfacer la demanda, sino también para reducir la especulación y la reventa que suele acompañar a eventos de esta magnitud.

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