El llamado «Plan B» de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal entró a discusión en el Senado, donde comisiones legislativas ya proponen cambios al dictamen original en medio de negociaciones contrarreloj. La iniciativa surge después de que la reforma constitucional más ambiciosa del Ejecutivo no lograra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, obligando a replantear la estrategia.
Este nuevo paquete busca avanzar por una vía más viable políticamente, con ajustes que permitan su aprobación con el respaldo de los aliados del oficialismo, aunque sin alcanzar el alcance original de la reforma.
Qué incluye el Plan B
La propuesta mantiene algunos de los objetivos centrales del gobierno, especialmente la reducción del costo del sistema electoral. Entre los principales puntos destacan la disminución del número de regidores en municipios, la reducción del gasto en congresos locales y ajustes en los salarios de funcionarios electorales.
También se contempla modificar aspectos clave como la revocación de mandato, con la intención de adelantarla y empatarla con las elecciones de 2027, lo que ha generado fuerte polémica tanto en la oposición como dentro de los propios aliados del gobierno.
En su versión más amplia, la reforma original incluía cambios estructurales como la reducción del Senado, modificaciones al sistema de representación proporcional y recortes significativos al financiamiento de partidos, aunque muchos de estos puntos quedaron fuera o debilitados en esta nueva versión.
División entre aliados
A pesar del acuerdo político impulsado desde el Ejecutivo, el Plan B no cuenta con un respaldo completamente sólido. Partidos como el PT han condicionado su apoyo a cambios específicos, como posponer la revocación de mandato, mientras que en el Partido Verde también existen señales de división.
Para contener estas fracturas, el gobierno logró que los partidos aliados firmaran un compromiso político para respaldar la reforma, lo que evidencia que su aprobación depende más de la disciplina interna que de un consenso amplio.
Una reforma más limitada
Plan B representa una versión reducida de la reforma original. Tras el fracaso inicial, el gobierno optó por una propuesta «posible», enfocada en medidas de austeridad y ajustes administrativos, dejando de lado cambios estructurales más profundos.
Esto refleja una realidad política clara: el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para transformar de fondo el sistema electoral sin negociar con sus aliados, lo que limita el alcance de cualquier reforma.
Poder electoral rumbo a 2027
Más allá de los cambios técnicos, el debate sobre el Plan B está marcado por su impacto en el proceso electoral de 2027. La posibilidad de adelantar la revocación de mandato y permitir mayor participación política desde el Ejecutivo ha sido uno de los puntos más controvertidos.
Críticos advierten que estas modificaciones podrían alterar el equilibrio del sistema electoral y beneficiar al partido en el poder, mientras que el gobierno sostiene que se trata de mecanismos para fortalecer la participación ciudadana y reducir costos.
Un debate que apenas comienza
La discusión en el Senado representa solo una etapa de un proceso legislativo complejo. Para aprobarse, la reforma aún requiere mayoría calificada y posteriormente la ratificación de congresos estatales, lo que mantiene abierto el escenario político.
En este contexto, el Plan B se perfila más como una solución política que como una transformación estructural. Su futuro dependerá no solo de los votos, sino de la capacidad del gobierno para mantener unida a su coalición en un tema que, más que técnico, es profundamente estratégico.