La Comisión Europea analiza si corresponde garantizar que las mujeres puedan trasladarse a otros países miembros para acceder al aborto cuando su nación de origen imponga restricciones legales. El debate surge en medio de crecientes tensiones entre Estados con legislaciones más restrictivas y aquellos donde el aborto está ampliamente permitido.
El tema fue planteado ante las instituciones comunitarias como una cuestión de libre circulación dentro del bloque. Quienes respaldan la iniciativa sostienen que impedir o dificultar estos traslados vulneraría derechos fundamentales vinculados a la movilidad y a la atención médica. En contraste, sectores provida y algunos gobiernos nacionales advierten que la Unión Europea no tiene competencia directa para imponer cambios en la legislación interna sobre aborto, materia que históricamente ha quedado bajo soberanía de cada Estado.
La decisión que adopte la Comisión podría marcar un precedente jurídico relevante y abrir un nuevo frente de debate político y cultural dentro de la Unión Europea.