El alcalde de Tequila habría intentado cobrar 4 millones de dólares a una empresa tequilera utilizando inspecciones y presiones administrativas como arma. La Fiscalía investiga un esquema que revela cómo el poder municipal puede convertirse en herramienta de chantaje.
De acuerdo con la investigación difundida, el alcalde habría exigido el pago millonario a cambio de permitir la «operación normal de la empresa». El mecanismo consistía en utilizar facultades municipales, como inspecciones, clausuras o bloqueos administrativos, como herramienta de presión.
En lugar de una solicitud formal o algún procedimiento legal transparente, la exigencia se habría planteado como una «condición» para evitar sanciones, retrasos o afectaciones a la producción y exportación de la compañía.
El monto, 4 millones de dólares, evidencia que no se trataba de una multa ordinaria ni de un ajuste fiscal, sino de un presunto acto de coerción de alto nivel.
Tequila es clave
Tequila no es cualquier municipio, es el corazón de una de las industrias más emblemáticas de México. El paisaje agavero es Patrimonio Mundial y la producción de tequila representa miles de empleos directos e indirectos, así como importantes ingresos por exportaciones, sin mencionar la denominación de origen.
Utilizar el aparato municipal para presionar a una empresa en un sector estratégico no solo es un acto ilegal, sino que pone en riesgo la estabilidad económica local y la reputación internacional de la región, de lo que ya hablamos anteriormente respecto a la producción.
Y en qué está la investigación
El caso del alcalde de Tequila ya se encontraba bajo escrutinio por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, con estas nuevas acusaciones de intento de extorsión, la gravedad aumenta.
La Fiscalía investiga si se trató de un hecho aislado o de un patrón repetido con otras empresas. También se analiza si hubo participación de funcionarios municipales o intermediarios en la negociación.
Este episodio vuelve a encender el debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y la fragilidad institucional en ciertos municipios del país.
La presunta extorsión no solo expone a un funcionario, sino que refleja una práctica que empresarios en distintas regiones han denunciado durante años: el uso del poder público como herramienta de presión económica.