Las declaraciones del secretario de Seguridad apuntan a una confusión criminal que terminó en tragedia, pero también dejan preguntas abiertas sobre omisiones y responsabilidades.
El asesinato de un grupo de mineros en Sinaloa volvió a colocar en el centro de la conversación pública la violencia ligada al crimen organizado y las fallas que rodean la prevención y la denuncia de estos hechos. Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aportaron nuevos elementos sobre el caso, aunque también evidenciaron vacíos que distintos medios han señalado desde ángulos distintos.
«Fueron confundidos»
Harfuch confirmó que los mineros fueron asesinados luego de ser confundidos con integrantes de un grupo criminal rival. Según el funcionario, los responsables habrían actuado bajo la creencia de que las víctimas formaban parte de una célula antagonista, lo que derivó en un ataque directo que terminó con sus vidas.
Esta versión refuerza la narrativa de una violencia marcada por la lógica del control territorial y la paranoia criminal, donde cualquier presencia ajena puede ser interpretada como una amenaza. En este contexto, las víctimas quedaron atrapadas en una dinámica que no les pertenecía, pero que domina amplias regiones del país.
Pero no hay denuncia
Algo clave que de pronto no se tiene muy en cuenta: no existía denuncia previa por parte de la empresa minera sobre la desaparición o secuestro de los trabajadores. Harfuch reconoció públicamente que no hubo un reporte formal que activara protocolos de búsqueda o reacción inmediata por parte de las autoridades.
Este dato abre una discusión incómoda pero necesaria sobre la relación entre empresas, trabajadores y autoridades en zonas de alto riesgo. La falta de denuncia no solo retrasa la respuesta institucional, sino que contribuye a la opacidad con la que muchos de estos casos se desarrollan, especialmente en regiones donde el miedo y la normalización de la violencia inhiben cualquier acción formal.
Las dos lecturas no se contradicen, pero sí revelan la complejidad del caso. Por un lado, un ataque perpetrado bajo la lógica brutal del crimen organizado; por otro, un entorno donde la ausencia de denuncias y alertas tempranas limita la capacidad del Estado para intervenir a tiempo.
La tragedia de los mineros no puede entenderse únicamente como un episodio aislado de violencia, sino como parte de un entramado más amplio en el que confluyen inseguridad, silencio institucional y riesgos laborales en territorios dominados por grupos criminales.
¿Por qué no se denunció la desaparición? ¿Qué protocolos existen para proteger a trabajadores en zonas controladas por el crimen? ¿Qué tan frecuente es que hechos similares no lleguen siquiera a conocimiento de las autoridades?
El caso de los mineros en Sinaloa no solo habla de una «confusión mortal», sino de un sistema que sigue reaccionando tarde frente a una realidad que se repite – o que es cómplice.