La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León al determinar que invadía facultades exclusivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano federal encargado del combate al lavado de dinero y delitos financieros.
La decisión del máximo tribunal vuelve a poner sobre la mesa los límites constitucionales entre estados y Federación, así como el uso político de reformas locales que pretenden ampliar atribuciones más allá de lo permitido por la Constitución.
¿Qué pretendía la reforma en Nuevo León?
La reforma, impulsada a nivel estatal, otorgaba a autoridades locales facultades para acceder, analizar y requerir información financiera sensible, funciones que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda a nivel federal.
Según la SCJN, permitir que un estado ejerza estas atribuciones rompe el diseño constitucional del sistema financiero, genera duplicidad de funciones y abre la puerta a un uso discrecional de información protegida.
El Pleno de la Suprema Corte concluyó que el Congreso de Nuevo León rebasó sus competencias, ya que los estados no pueden legislar en materias reservadas a la Federación, como la inteligencia financiera, la prevención del lavado de dinero y el seguimiento de operaciones financieras de alto riesgo.
La sentencia subraya que la UIF no es solo una oficina administrativa, sino un órgano estratégico del Estado mexicano, cuya función requiere centralización, coordinación internacional y estrictos controles legales.
Federalismo mal entendido
Para la Corte, la reforma reflejaba una interpretación errónea del federalismo, donde algunos congresos locales buscan ampliar su margen de acción bajo el argumento de combatir delitos, pero sin respetar el marco constitucional.
El fallo advierte que permitir este tipo de reformas sentaría un precedente peligroso, al fragmentar funciones clave del Estado y debilitar los mecanismos nacionales de control financiero.
La invalidación no solo deja sin efectos la reforma en Nuevo León, sino que marca un límite claro a otros estados que pudieran intentar legislar de forma similar. Además, refuerza el papel de la SCJN como árbitro constitucional en un contexto de tensiones constantes entre poderes locales y federales.
El caso también reaviva el debate sobre el uso político de reformas legales que, bajo el discurso de seguridad o combate a la corrupción, terminan vulnerando el orden constitucional.