La presidente de México, Claudia Sheinbaum, volvió a optar por la descalificación antes que por la argumentación. Durante su conferencia matutina, arremetió contra un ensayo publicado en The New York Times que analiza el costo político de enfrentar de manera real a los cárteles del narcotráfico, al que calificó como “un artículo de ficción”.
Con esa frase, el gobierno federal intentó cerrar un debate incómodo que toca uno de los puntos más sensibles de la agenda nacional: la relación entre poder político y crimen organizado.
El texto cuestionado no acusa sin pruebas ni construye una narrativa fantasiosa. Plantea, con base en análisis político y contexto regional, que combatir de forma frontal a los cárteles implica costos electorales, riesgos institucionales y confrontaciones con estructuras criminales profundamente arraigadas en territorios donde el Estado ha cedido control. Precisamente ahí radica la incomodidad para el gobierno: el ensayo pone en duda la viabilidad real de la estrategia oficial y expone las contradicciones entre el discurso de seguridad y los resultados visibles.
“Ficción”, dice la presidentA
Calificar el análisis como ficción no refuta sus argumentos, simplemente los evade. No hubo una respuesta puntual a las preguntas centrales que plantea el ensayo: qué tan dispuesta está la clase política a asumir el desgaste que implica enfrentar al narco, qué alianzas locales se verían afectadas y qué costo tendría romper equilibrios informales que hoy garantizan una relativa estabilidad política en ciertas regiones. El recurso retórico de la burla sustituye así al debate serio.
La reacción de Sheinbaum no es un hecho aislado. Cada vez que medios internacionales abordan la violencia, el poder territorial de los cárteles o la debilidad institucional del Estado mexicano, la respuesta oficial suele ser la misma: acusar sesgo, mala fe o desconocimiento de la realidad nacional. Sin embargo, los datos sobre homicidios, desapariciones y control criminal de zonas enteras del país contradicen el intento de minimizar el problema como una narrativa externa exagerada.
El verdadero costo político que no se quiere nombrar
El punto central que el gobierno evita reconocer es precisamente el que señala el ensayo: enfrentar de verdad a los cárteles tiene un costo político alto, y asumirlo implicaría romper inercias, alianzas y discursos cómodos. Descalificar el análisis como “ficción” no elimina la pregunta de fondo, solo la pospone. Mientras tanto, el problema sigue ahí, intacto, y el costo no desaparece: simplemente se traslada a los ciudadanos que viven bajo la violencia cotidiana.