Un legislador de Florida instó a Delta y American Airlines a cancelar sus operaciones hacia la isla, al considerar que los vuelos fortalecen económicamente al régimen cubano en medio de una profunda crisis humanitaria y política.
El congresista republicano por el estado de Florida, Carlos Giménez, solicitó formalmente a Delta Air Lines y American Airlines que suspendan sus vuelos comerciales hacia Cuba, argumentando que estas operaciones terminan beneficiando directamente al régimen comunista, en detrimento del pueblo cubano.
La petición se produce en un contexto de creciente deterioro económico y social en la isla, marcado por apagones constantes, escasez de alimentos y medicinas, colapso del transporte y una migración masiva sin precedentes. Según el legislador, mantener rutas aéreas regulares no solo normaliza la relación con un gobierno represor, sino que además le proporciona ingresos clave en un momento crítico.
“No se puede seguir financiando a una dictadura”
En la carta dirigida a las aerolíneas, el congresista sostiene que gran parte de la infraestructura aeroportuaria y de servicios en Cuba está controlada por entidades militares o por el propio Estado, lo que implica que los pagos, tasas y convenios asociados a los vuelos terminan engrosando las arcas del régimen. Desde esta perspectiva, cada vuelo comercial representa una forma indirecta de financiamiento.
Giménez recordó además que el gobierno cubano no ha mostrado avances reales en materia de derechos humanos, liberación de presos políticos ni apertura democrática, pese a los reiterados gestos de flexibilización desde el exterior. Por el contrario, la represión contra opositores y manifestantes continúa siendo una constante.
Florida y el peso del exilio cubano
La postura del congresista conecta directamente con la sensibilidad política de Florida, un estado con una numerosa comunidad de exiliados cubanos que ha denunciado durante décadas los abusos del régimen. Para muchos de ellos, los vuelos comerciales no son un gesto humanitario, sino una concesión política que debilita la presión internacional sobre La Habana.
Desde este sector se insiste en que la ayuda al pueblo cubano debe canalizarse por vías que no estén controladas por el Estado, evitando mecanismos que refuercen a las élites gobernantes mientras la población sigue sumida en la pobreza.
Hasta el momento, ni Delta ni American Airlines han emitido una respuesta pública a la solicitud del congresista. Ambas compañías mantienen operaciones hacia Cuba principalmente desde Florida, amparadas en las regulaciones vigentes del gobierno federal estadounidense.
Sin embargo, el pedido reabre el debate sobre el papel de las empresas privadas en contextos de regímenes autoritarios y sobre si la conectividad aérea, lejos de promover cambios, termina prolongando la supervivencia de gobiernos que no rinden cuentas ni respetan las libertades fundamentales.
La presión política, especialmente desde el Congreso y desde estados clave como Florida (con alta presencia hispana y sobre todo, cubana), apunta ahora a que estas compañías revisen no solo la rentabilidad de sus rutas, sino también las implicancias éticas y políticas de seguir volando a una isla donde el pueblo sigue pagando el precio de una dictadura enquistada en el poder.